La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional intervino en la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero documentación relacionada con planes de alimentos en Nicaragua, en el marco de la investigación que afecta al expresidente del Gobierno por una presunta red internacional de tráfico de influencias y blanqueo, según revela The Objective.
El registro tuvo lugar el pasado 19 de mayo, cuando los agentes inspeccionaron tanto el despacho de Zapatero como la sede de Whathefav, la agencia de comunicación de sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. En la empresa, los investigadores se incautaron, entre otros documentos, de dos contratos con Huawei, un plan estratégico que podría aludir a una compañía dedicada a la extracción de coltán y documentación vinculada al Programa Mundial de Alimentos en Nicaragua.
La UDEF trata ahora de determinar qué papel pudo desempeñar Whathefav en ese programa y si la documentación incautada guarda algún tipo de relación con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción —CLAP—, el sistema de distribución de alimentos subsidiados creado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en 2016 y que dio origen a las pesquisas internacionales.
El Programa Mundial de Alimentos en Nicaragua opera desde los años setenta y está orientado a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de niños y comunidades vulnerables, especialmente en el llamado Corredor Seco. Según su información oficial, el plan asegura una merienda nutritiva a 144.000 estudiantes en 2.000 centros educativos de 47 municipios.
El interés policial en estos documentos se produce después de que autoridades de Francia y Suiza remitieran a España información sobre una sofisticada organización criminal presuntamente dedicada a blanquear grandes cantidades de dinero mediante sociedades pantalla, intermediarios financieros y circuitos internacionales que conectaban Iberoamérica con Europa y paraísos fiscales.
Los indicios apuntaban a empresarios venezolanos afincados en España que podrían haber desviado fondos públicos de los CLAP. Las pesquisas también incluían operaciones relacionadas con la venta de oro del Banco de Venezuela a través de una sociedad de Emiratos Árabes, Noor Capital, mediante el uso de sociedades interpuestas.
La investigación terminó alcanzando al entorno de Zapatero. Escuchas intervenidas en Estados Unidos a Rodolfo Reyes, directivo de Plus Ultra, mencionaban al expresidente, con quien habrían contactado a través de su entorno para favorecer presuntamente el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama atribuye a Zapatero el papel de líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» orientada a obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra.
El magistrado ha imputado al expresidente por delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Zapatero está citado a declarar los próximos 17 y 18 de junio, después de que se aplazara la fecha inicialmente prevista.
Según el juez, la red habría utilizado sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos. Calama considera que el entorno del expresidente pudo cobrar entre dos y cuatro millones de euros en comisiones.
Los pagos bajo sospecha habrían partido de tres empresas, con especial protagonismo de Análisis Relevante, consultora del presunto testaferro Julio Martínez Martínez. Esta sociedad habría abonado casi medio millón de euros al exdirigente socialista y otros 240.000 euros a sus hijas a través de Whathefav.
La investigación también apunta a la presunta intervención de Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico vinculadas a petróleo, oro, acciones y divisas. La documentación incorporada a la causa señala que, para acceder a la compraventa de crudo en Venezuela, era necesario dirigirse a la red presuntamente liderada por el expresidente mediante una carta de intenciones.
Las conversaciones intervenidas mencionan además a la dirigente chavista Delcy Rodríguez, a la que los interlocutores denominan «la Dama», como la persona que controlaría la asignación de buques petroleros. En esas comunicaciones también se alude a compras de crudo por parte de una empresa vinculada al Partido Comunista Chino.
