Una delegación de funcionarios del gobierno de Donald Trump viajará a Venezuela en los próximos días con el objetivo de promover reformas a la legislación energética del país, como parte de una estrategia para atraer inversión extranjera al sector, de acuerdo a dos personas familiarizadas con los planes.
La visita se enmarca dentro de una serie de acciones impulsadas por Washington para promover la recuperación de la producción energética del país, cuya infraestructura petrolera ha sufrido años de deterioro, limitaciones financieras y una marcada reducción de inversiones. Aunque las recientes reformas aprobadas por las autoridades venezolanas han sido recibidas con interés por parte de empresas del sector, persisten dudas sobre las garantías necesarias para comprometer capitales de gran escala.
De acuerdo con información divulgada por el medio estadounidense PoliticoPro, la delegación estará integrada por representantes del Consejo Nacional para la Dominación Energética (National Energy Dominance Council) de la Casa Blanca y funcionarios del Departamento de Estado. Sin embargo, no se prevé la participación de figuras de primer nivel dentro del gabinete de Trump.
Inversionistas mantienen cautela ante las reformas en el sector petrolero
El viaje constituye un nuevo capítulo en la estrategia de acercamiento económico promovida por Washington desde comienzos de año. En los últimos meses, funcionarios estadounidenses han sostenido reuniones con autoridades venezolanas y representantes de la industria energética con el objetivo de evaluar oportunidades de cooperación y analizar mecanismos que permitan incrementar la participación del capital privado en proyectos de exploración, producción y comercialización de hidrocarburos.
La iniciativa surge después de que el gobierno venezolano aprobara en enero una reforma de amplio alcance a la Ley de Hidrocarburos, considerada uno de los cambios más significativos en la política energética del país en décadas. La normativa abrió mayores espacios para la participación privada, flexibilizó algunas condiciones operativas y contempló mecanismos de arbitraje internacional para la resolución de controversias, elementos que históricamente habían sido reclamados por inversionistas extranjeros.
No obstante, analistas y representantes empresariales consideran que los cambios aprobados hasta ahora no son suficientes para generar la confianza requerida por los grandes actores de la industria. Entre las principales preocupaciones figuran la independencia del sistema judicial, la seguridad jurídica de los contratos, la situación de la infraestructura energética y los antecedentes de disputas relacionadas con expropiaciones y nacionalizaciones ocurridas en años anteriores.
