El 13 de mayo de 2026, el gobierno de Venezuela anunció su intención de iniciar el proceso de reestructuración de su deuda soberana y de la deuda de su petrolera estatal, PDVSA. Este anuncio causó gran sorpresa, ya que el país carece actualmente de un programa económico viable para abordar uno de los desafíos de reconstrucción económica más importantes de nuestro tiempo. La ausencia de una hoja de ruta para la transición democrática aumenta la incertidumbre y socava las perspectivas de una recuperación sólida. [1]
Por: Alejandro Werner – Peterson Institute for International Economics
Además, no existe un equipo económico cohesionado que determine la financiación necesaria para estabilizar la economía, apoyar a su población, reconstruir la infraestructura pública, integrar a los posibles expatriados que regresan y recuperar el control del territorio afectado por el crimen organizado. Aún más desconcertante es que el país carece de cuentas nacionales fiables y estadísticas de finanzas públicas que permitan elaborar estos escenarios tan inciertos. Esto suscita preocupación ante la posibilidad de que las autoridades venezolanas estén priorizando a los inversores del mercado sobre el bienestar de sus ciudadanos o cediendo a las presiones de los tenedores de bonos que buscan apropiarse de una parte de los recursos derivados de la reactivada producción petrolera del país.
Otra anomalía es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no parece formar parte del proceso. Normalmente, el análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI es la piedra angular de las reestructuraciones y suele actuar como un intermediario imparcial que evalúa la capacidad de pago del país, manteniendo la responsabilidad ante sus ciudadanos. En la mayoría de los casos, el FMI apoya financieramente al país y, mediante su condicionalidad, ofrece incentivos para implementar las políticas que permitan reactivar la economía. De esta manera, el FMI maximiza la probabilidad de que los bonos reestructurados sean reembolsados. Si el FMI no participa, los inversores en bonos podrían pensar que pueden obtener mejores condiciones, a costa de la población venezolana.
El mercado parece estar tratando la reestructuración de Venezuela como técnicamente compleja pero económicamente rutinaria. Con emisores soberanos y cuasi soberanos, inversionistas institucionales, organizaciones multilaterales, acreedores bilaterales (en particular China) y sustanciales demandas de arbitraje en juego, esta reestructuración está destinada a ser una de las más complejas de la historia moderna. [2] La deuda total de Venezuela se estima en alrededor de $170 mil millones, entre el 180 por ciento y el 200 por ciento de su PIB. Con estas cifras, los economistas de mercado ejecutan modelos de sostenibilidad, hacen suposiciones sobre la posible recuperación de la producción petrolera y asignan los ingresos futuros entre las compañías petroleras, los inversionistas extranjeros, los acreedores y el gobierno, la tensión típica en cualquier escenario de reestructuración.
Lo que a menudo se pasa por alto es el contexto: durante más de dos décadas, el populismo autoritario ha asolado Venezuela. El país ha experimentado una de las contracciones en tiempos de paz más severas de los últimos 130 años, que recuerda a la Alemania de la posguerra y al Irak anterior a 1990. [3] En 2020, el PIB per cápita se desplomó a cerca del 70 por ciento por debajo de su máximo de 2014; hoy, se sitúa en aproximadamente el 50 por ciento de esa cifra. La situación económica sigue siendo crítica: la tasa nacional de pobreza ronda el 70 por ciento, y casi 8 millones de venezolanos —casi el 25 por ciento de la población— han huido del país tras sufrir una inflación muy alta, incluyendo un episodio de hiperinflación.
A diferencia de los colapsos en tiempos de guerra, donde el capital se aniquila, el capital de Venezuela solo se ha depreciado considerablemente. Dada la dependencia del país del petróleo, la recuperación podría depender más de la legislación internacional que de la reconstrucción total de las instituciones nacionales. La recuperación de la producción petrolera en los últimos tres meses ha sido impresionante, y los recientes repuntes en los precios del petróleo respaldan la expectativa de que esta recuperación continuará.
Un análisis superficial de la alta correlación entre los ingresos petroleros y el PIB entre 2003 y 2013 podría generar optimismo sobre el potencial de la rápida recuperación de la producción petrolera para impulsar rápidamente el PIB. Sin embargo, durante esa década, las ganancias en los ingresos petroleros se debieron exclusivamente al aumento de los precios, lo que resultó en una ganancia inesperada: sin necesidad de cubrir costos adicionales ni aumentar la remuneración de los inversores, dichos recursos se canalizaron directamente a la economía para estimular la demanda agregada y el crecimiento. Pero en el caso actual, es probable que los futuros aumentos en los ingresos petroleros provengan de nueva producción, que requiere cada vez más inversión, sujeta a importantes descuentos para el petróleo pesado, con una proporción creciente de las ganancias que recae en las compañías petroleras inversoras, reduciendo el beneficio para la economía y la sociedad no petroleras. La falta de transparencia con respecto al aumento de la producción petrolera y su asignación complica aún más el análisis de cómo contribuirá a la recuperación económica.
La reconstrucción de Venezuela representará uno de los desafíos más arduos que jamás haya enfrentado una nación latinoamericana y requerirá importantes recursos públicos provenientes de instituciones financieras internacionales cuya deuda tiene prioridad sobre la de los actuales tenedores de bonos. Esta dificultad se ve agravada por la incertidumbre que rodea la falta de una transición política genuina, ya que la legitimidad del gobierno actual podría ser cuestionada, anulando potencialmente los compromisos adquiridos bajo una administración democráticamente elegida. El doble reto de lograr una transición democrática y económica puede extenderse durante muchos años, generando una profunda incertidumbre respecto a la futura producción petrolera, la actividad económica y, fundamentalmente, el bienestar de la población. Además, la recuperación económica de Venezuela dependerá también de atraer a una fracción de los 8 millones de venezolanos que viven en el extranjero para que participen en este esfuerzo, lo cual no sucederá sin una transición política.
Dadas estas complejidades, los acreedores internacionales y las reclamaciones arbitrales deberían convertirse en socios con derecho a participación accionaria en el futuro de Venezuela mediante un proceso de dos etapas. En primer lugar, la comunidad internacional debería proteger los activos e ingresos extranjeros de Venezuela frente a las reclamaciones de los acreedores durante un período prolongado. La actual orden ejecutiva estadounidense que protege los ingresos venezolanos del embargo es limitada y solo se aplica a las transacciones con Estados Unidos. Debería establecerse una protección más amplia, siguiendo el precedente de Irak en 2003. Por ejemplo, Estados Unidos podría patrocinar una resolución de la ONU —u otro tipo de acción legal coordinada— que obligue a los miembros de la ONU a declarar inmunes al embargo los ingresos de Venezuela provenientes de la venta de petróleo y otros activos extranjeros. La resolución podría aplicarse en Estados Unidos mediante una orden ejecutiva y en otros países mediante los instrumentos legales pertinentes. La segunda etapa, la reestructuración de las deudas antiguas, debería posponerse bajo la protección de la resolución de la ONU hasta que disminuyan las incertidumbres y el país se encamine hacia un futuro más estable.
Alternativamente, estas deudas podrían reestructurarse anticipadamente convirtiéndolas en instrumentos perpetuos: para alinear los rendimientos financieros con la recuperación real, los pagos comenzarían solo cuando la participación del gobierno en los ingresos petroleros, o alguna medida vinculada al PIB no petrolero, supere de manera sostenida un umbral definido, alineando así los rendimientos financieros con la recuperación real. Obviamente, este desencadenante debe ser fácilmente verificable y no estar sujeto a manipulación ni a problemas de medición. Estas acciones permitirían a Venezuela, durante la primera fase de su reconstrucción, utilizar todos los recursos disponibles para reconstruir sus instituciones, su economía y su infraestructura social.
La reestructuración de las economías tras regímenes populistas ha demostrado ser extremadamente compleja y prolongada, incluso en casos donde el daño a los marcos económicos, sociales e institucionales fue significativamente menos grave que en Venezuela. Los esfuerzos de recuperación requieren la reconstrucción de marcos institucionales, políticos y económicos modernos y basados en normas. Los inversionistas que apostaron por el éxito de un régimen autoritario basado en el petróleo deberían asumir las consecuencias, una vez que se haya compensado el nuevo capital privado y público que sustentará la reconstrucción, se hayan restablecido los indicadores sociales a un nivel digno y la economía haya retomado una senda de recuperación sostenible.
