Lo que está a punto de ponerse en marcha no es una reforma electoral. Es la ejecución hipócrita, a cámara lenta, de la democracia venezolana. Bajo el maquillaje de actualizar el sistema, el régimen y sus colaboradores han destapado una de las confabulaciones más desvergonzadas; reescribir la Constitución para que las elecciones presidenciales no se celebren, peor aún, para que, cuando lleguen, ya no importe quién gane.
El diagnóstico es tan simple como aterrador. El chavismo perdió. El rechazo es evidente y la molestia ciudadana inocultable, como quedó demostrado en las actas de votación. Su respuesta no fue la autocrítica, sino robo y garrote; encarceló a cientos de dirigentes y violó Derechos Humanos. De repente, la intención de modificar la Carta Magna. El objetivo confeso, cambiar el diseño electoral, -que califican el mejor del mundo-; sin embargo, la finalidad real, detener el reloj constitucional. No se busca actualizar el voto, hacerlo seguro, transparente, verificable y reflejo genuino de la voluntad ciudadana. Se busca volverlo aplazable.
Lo que se cocina en los pasillos del Palacio Legislativo, despachos cupulares, elimina de facto la obligación de convocar elecciones en un plazo perentorio. La redacción permitiría al Consejo Nacional Electoral posponer cualquier proceso comicial, con la excusa que sea, no importa cual. El régimen y sus adláteres, aspiran que la próxima consulta presidencial no se realice hasta 2030, cuando ya se habrá consumado un sexenio más al margen del mandato popular.
Lo más perverso no es solo el retraso. Es la estafa de legitimidad. La complicidad oficialista sabe que no puede ganar una elección limpia, pero tampoco permitirse el costo político de cancelarlas abiertamente. Por eso inventa un laberinto; reformar la Constitución, la supuesta consulta popular y con el control del poder judicial y la fiscalía, siembra cajas chinas que terminan sepultando cualquier derecho electoral. La ciudadanía queda atrapada en un estado de excepción permanente disfrazado de transición jurídica.
Los organismos reaccionarán con la habitual formalidad, declaraciones de incredulidad, promesas de vigilar el proceso y notas diplomáticas sin consecuencias. Mientras el mundo mira hacia otro lado, la trampa se cierra.
El gobierno estadounidense, su presidente Donald Trump, Marco Rubio y la inmensa mayoría del pueblo venezolano, no serán víctimas de la estafa pretendida. El anhelo de la calle por el cambio, las elecciones, libertad y democracia, es más fuerte que el chirrido de una dictadura al intentar reescribir las reglas a conveniencia.
El mensaje para la comunidad en general debe ser claro y urgente, no es una reforma técnica, es un golpe de Estado de nuevo cuño, perpetrado con papel sellado y bolígrafos de lujo. No hay debate; hay imposición, argucia para evitar cualquier expectativa vía sufragio.
La solución es sencilla, no reviste complicación, se requiere voluntad política y reforma puntual. En Venezuela se han utilizado, propuesto medidas legales y políticas de carácter transitorio para abordar desafíos específicos del sistema electoral, ya sea para garantizar su funcionamiento durante una transición constitucional, para intentar restaurar la confianza en un proceso electoral, o para responder a contingencias políticas. Por ejemplo: Régimen de Transición del Poder Público (2000). La Asamblea Nacional Constituyente de 1999 dictó un decreto que contenía el «Régimen de Transición del Poder Público». Suspensión Temporal de la Creación de Partidos Políticos (2026). Y, Acuerdo Parcial de Barbados sobre Garantías Electorales (2023).
Venezuela agoniza en una maraña de fraudes, inhabilitaciones y elecciones de pantomima. La reforma constitucional que se fragua no es una salida; es un muro. Si no reaccionamos, olvidamos los gestos de cortesía, y repudiamos la solicitud infame, dentro de unos años conversaremos en una dictadura, donde las elecciones serán un recuerdo en los libros de historia.
El reloj está corriendo; quieren detenerlo. Estamos advertidos.
Armando Martini
@ArmandoMartini
