Las transiciones políticas no fracasan porque existan negociaciones. Fracasan cuando nadie explica con precisión qué se está negociando. Hablar de tragar sapos puede sonar realista, pero también puede convertirse en una forma elegante de ocultar decisiones que afectan de forma directa la justicia, la rendición de cuentas y la confianza de los ciudadanos. La pregunta no es si habrá concesiones; la pregunta es cuáles. Permitir que antiguos dirigentes compitan en elecciones es una concesión democrática. Permitir que quienes saquearon recursos de la República conserven los beneficios obtenidos de ese saqueo es otra cosa. Mezclar ambas categorías bajo la misma etiqueta de realpolitik oscurece un debate que debería ser completamente transparente.
Por: Ramón Hernández – El Nacional
Toda transición enfrenta una tensión entre estabilidad y justicia, pero presentar esa tensión como una elección absoluta resulta engañoso. La estabilidad no depende de manera única de las garantías que reciban quienes dejan el poder; también depende de que la sociedad perciba que el nuevo orden posee legitimidad moral y jurídica. Si los acuerdos son percibidos como un pacto para proteger a quienes abusaron del poder, la transición puede conservar gobernabilidad en el corto plazo y perder credibilidad en el largo. Ninguna democracia sólida se construye sobre la sensación colectiva de que las reglas solo cambiaron para unos mientras permanecieron intactas para otros.
La discusión decisiva no gira alrededor de cuánto poder conserva el antiguo régimen, sino alrededor de cuáles son las líneas que una sociedad no está dispuesta a cruzar. Una negociación puede incluir garantías políticas, protección personal e incluso mecanismos graduales de justicia. Lo que no puede hacer es borrar la diferencia entre convivencia democrática e impunidad. Cuando esa frontera desaparece, la transición deja de ser un proceso para reconstruir instituciones y se convierte en una simple redistribución del poder entre élites. Y eso no suele resolver las causas de una crisis; apenas cambia a quienes las administran.
Ángel Oropeza, sociólogo y politólogo, se ha dedicado al estudio de los procesos políticos, la opinión pública y las estrategias de transición democrática. Ha ejercido la docencia en la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar, y ha participado como consultor y analista en temas relacionados con gobernabilidad, negociación política y comportamiento electoral. Su trabajo se ha concentrado en las condiciones que permiten la apertura de sistemas políticos cerrados y la construcción de acuerdos entre actores enfrentados. En el debate público venezolano se ha convertido en uno de los defensores más consistentes de las salidas negociadas. Sus planteamientos parten de la idea de que ninguna transición ocurre sin concesiones mutuas y de que la correlación real de fuerzas obliga a pactar incluso con quienes controlan los instrumentos del poder. Esa premisa atraviesa buena parte de su pensamiento político y plantea una pregunta que divide a las sociedades que intentan salir de un régimen autoritario: cuánta justicia puede sacrificarse en nombre de una transición y cuánta transición puede sobrevivir sin justicia.
—Usted afirma que la sociedad civil es indispensable para cualquier transición, pero las organizaciones no gubernamentales están bajo presión, la libertad de expresión está restringida y los partidos no lideran las demandas sociales ni los valores ciudadanos. Si esos tres pilares están debilitados, ¿sobre qué fuerza social concreta descansa hoy su expectativa de una transición política en Venezuela?
—Para que una transición sea viable, debe parecerse a una mesa de tres patas, la más simple. Un trípode. Una pata es una parte del Gobierno que acepta cambiar, por convencimiento o por la fuerza. La tenemos. La otra es una fuerza externa que incita o provoca el cambio, también la tenemos; y la tercera, que no la tenemos, es una población con sectores sociales organizados —sindicatos, gremios, universitarios, empresarios, que sean los que legitimen, validen, propongan, obstaculicen o apoyen lo que las otras dos patas decidan. Nuestra tercera pata está todavía por construirse. No existe. No estamos partiendo de cero, pero estamos muy lejos de ser una pata estable. La sociedad civil está tan disminuida por la labor sistemática de discriminación, de segregación, de persecución contra las organizaciones no gubernamentales, contra las universidades, contra los sindicatos. Ha sido brutal. Todo el mundo quiere lo mismo, pero cada quien por separado.
—¿Cómo juntarlos?
—El reto es empezar a reencontrarnos y tratar de articularnos. Muchos empresarios quieren lo mismo que los sindicatos de base, pero no se reúnen. Los sindicatos no saben lo que quieren los estudiantes, y los trabajadores de la salud desconocen qué hacen los del magisterio. Debemos detener la dispersión e ir hacia un reencuentro con bases mínimas de consenso, que hay muchas. Los partidos políticos, si bien han cometido errores, han sido muy castigados. Aquí el dirigente político que no fue exiliado, fue asesinado; el que no está preso, está perseguido. Dedicarse a la política en Venezuela es una labor casi delincuencial. Unos partidos están muy desconectados de la gente, pero también han sido víctimas de persecución, sin exonerarlos de los errores cometidos. La tercera pata está por construirse. No estamos en cero, pero seguimos sin tener la tercera pata social que requiere una transición más o menos estable.
—¿Hay el diagnóstico adecuado?
—Sí. El manifiesto de Panamá de los partidos políticos, por lo menos lo escrito, va en el camino correcto de la unidad de todos. Falta ver si esa unidad incluye a los partidos que no forman parte de la Plataforma Unitaria. Plantea incorporar en un acuerdo nacional a empresarios, estudiantes, universitarios.
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