A partir de este viernes 12 de junio, España dejará de conceder y renovar las autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, un mecanismo que en los últimos ocho años permitió regularizar la situación de aproximadamente 240.000 ciudadanos venezolanos.
La medida, anunciada por el Ministerio del Interior a través de una nota informativa, coincide con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que establece un nuevo marco común para la gestión migratoria en la Unión Europea.
Fin de una vía excepcional
Desde 2018, el Gobierno español implementó este permiso especial ante el elevado volumen de solicitudes de asilo de venezolanos y la baja tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado. Este mecanismo, conocido informalmente como “regularización exprés”, otorgaba residencia y permiso de trabajo temporal a quienes veían denegada su petición de protección internacional.
Según el Ministerio del Interior, quienes ya poseen este tipo de autorización no podrán renovarla ni solicitar reagrupación familiar bajo este régimen. Las autoridades recomiendan tramitar “otras autorizaciones de residencia y trabajo” conforme a la normativa general de extranjería.
Nuevos procedimientos bajo el Pacto Europeo
Con la aplicación del Pacto, España introducirá:
- Procedimiento de protección internacional en frontera, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas.
- Permanencia en instalaciones habilitadas (sin privación de libertad) durante la tramitación.
- Examen acelerado para nacionales de países con tasa de reconocimiento de protección igual o inferior al 20 % en la UE.
- Registro biométrico ampliado a través del nuevo sistema Eurodac.
- Refuerzo de recursos humanos, materiales y sistemas informáticos para mejorar la coordinación entre policía, servicios de acogida y oficinas de asilo.
El Gobierno español ha destacado que mantendrá un “enfoque garantista”, con asistencia jurídica, intervención de ACNUR y posibilidad de reexamen. Además, España se beneficiará del mecanismo de solidaridad obligatoria de la UE al ser considerada “Estado miembro bajo presión migratoria”.
Reacciones y contexto
La decisión equipara el tratamiento de los venezolanos al del resto de nacionalidades, al considerar que ya no existe una situación excepcional que justifique un régimen diferenciado. Organizaciones y abogados de extranjería han señalado que miles de personas en trámites pendientes podrían verse afectadas y recomiendan consultar con urgencia sus casos individuales.
Por su parte, el Ejecutivo ha reiterado su oposición a la creación de centros de retorno en terceros países previstos en el nuevo reglamento, por considerar que plantean “serias dudas” sobre su legalidad y proporcionalidad.
Esta es una de las transformaciones más significativas en la política migratoria española de los últimos años, que cierra un capítulo de flexibilidad excepcional y abre otro marcado por una mayor homogeneidad europea en el control de fronteras y la gestión de flujos irregulares.
