Venezuela enfrenta una exposición superior a los 20.000 millones de dólares por laudos arbitrales impagados, procedimientos en curso y obligaciones derivadas de tratados bilaterales de inversión (APPRIs) firmados entre 1991 y 2013, según un detallado análisis publicado este viernes por el especialista en derecho internacional Dr. Simon P. Deffendini.
En su columna en El Nacional, el experto señala que el país suscribió alrededor de 30 tratados, de los cuales 22 permanecen en vigor. Muchos de ellos fueron copiados de modelos europeos de “primera generación” sin las adaptaciones necesarias al ordenamiento jurídico venezolano ni al contexto económico y político nacional.
“Los defectos de diseño no crearon las violaciones —esas vinieron de las políticas de expropiación—, pero sí impidieron al Estado defenderse eficazmente y multiplicaron el monto de las condenas”, afirma Deffendini.
Casos emblemáticos y cláusulas de supervivencia
Entre los litigios más gravosos se encuentran los de ConocoPhillips (uno de los laudos más altos en la historia del CIADI, cercano a los 8.700 millones de dólares), además de disputas con ExxonMobil, Mobil, Shell y otras transnacionales petroleras.
Aunque Venezuela denunció el Convenio CIADI en 2012 y algunos tratados (como el de Países Bajos en 2008), las cláusulas de supervivencia —que extienden la protección a inversiones por 10 o 15 años después de la terminación— han permitido que numerosos casos continúen o se reactiven, generando una compleja “aritmética de la duda” que afecta la credibilidad del país ante potenciales inversores.
Principales problemas identificados
El columnista destaca fallas estructurales en los tratados:
- Definiciones vagas del trato justo y equitativo.
- Ausencia de anexos claros sobre expropiación indirecta, lo que dificultó la defensa de medidas regulatorias legítimas.
- Falta de salvaguardas contra el treaty shopping y la participación de dobles nacionales.
- Denuncia desordenada del CIADI sin una estrategia integral de salida.
Propuestas para cualquier gobierno futuro
Deffendini enfatiza que la solución debe ser estructural y trascender las diferencias políticas, dirigida tanto al actual gobierno como a la oposición:
- Realizar una auditoría integral de todos los tratados vigentes, cláusulas de supervivencia y procedimientos arbitrales.
- Proceder a una terminación diferenciada: unilateral en algunos casos, negociada bilateralmente en otros y renegociada con socios estratégicos.
- Elaborar un nuevo modelo venezolano de tercera generación con definiciones precisas, requisitos de vínculo genuino con el país, obligaciones para los inversores y mecanismos disuasorios de costas.
- Evaluar una eventual readhesión al CIADI solo después de armonizar el derecho interno.
- Aprovechar el contexto post-sentencia Achmea para negociar un acuerdo moderno con la Unión Europea.
El especialista concluye que, sin una reforma seria de esta arquitectura jurídica, Venezuela continuará proyectando un alto riesgo estructural que desincentiva la inversión extranjera necesaria para la recuperación económica del país.
La columna de Deffendini representa uno de los análisis más técnicos y transversales publicados recientemente sobre el pesado legado arbitral que cualquier gobierno que asuma el poder en Venezuela deberá enfrentar.
