El martes, Perú parecía estar a punto de devolver al poder a la dinastía política Fujimori, ya que la candidata conservadora Keiko Fujimori amplió su mínima ventaja sobre el rival de izquierda Roberto Sánchez en una segunda vuelta presidencial profundamente polarizada.
Por: Antonio María Delgado – Miami Herald
Con el 98,94% de los votos escrutados, Fujimori obtenía el 50,07%, es decir, 9,11 millones de votos, frente al 49,92% de Sánchez, que había conseguido 9,08 millones. La diferencia se situaba en torno a los 29.000 votos, mientras que unos 200.000 votos seguían bajo revisión debido a impugnaciones legales y actas de escrutinio controvertidas.
Aunque las autoridades electorales pueden tardar semanas en certificar el resultado final, la creciente ventaja de Fujimori sugiere que, en su cuarto intento, finalmente podría hacerse con la presidencia tras tres dolorosas ocasiones en las que estuvo a punto de conseguirlo.
De confirmarse, su victoria supondría uno de los regresos políticos más trascendentales de la historia moderna del Perú.
Las elecciones volvieron a poner de manifiesto la persistente fractura política de Perú: una nación dividida entre los partidarios del fujimorismo-el movimiento construido en torno al legado polarizador del expresidente Alberto Fujimori- y una amplia coalición decidida a impedir el regreso de esa familia al poder.
A medida que la ventaja de Fujimori se ampliaba lentamente en los últimos días, Sánchez intensificó sus esfuerzos para movilizar a sus seguidores, cuestionando la integridad del proceso de revisión de votos y presentando la disputa como una lucha más amplia por la legitimidad democrática. Durante el fin de semana, el candidato de izquierda viajó a la región andina de Cusco -uno de sus bastiones electorales más fuertes- donde se reunió con sus simpatizantes y expresó su preocupación por el recuento.
Ante una multitud en la localidad de Combatapa, Sánchez acusó a sus oponentes de intentar socavar la voluntad popular e hizo un llamado a los peruanos a mantenerse movilizados. <<Hoy luchamos democráticamente, con la fuerza del voto popular, por la recuperación de la democracia», declaró el domingo desde un balcón con vista a la plaza principal. Asimismo, alentó a sus seguidores a «defender el voto popular», mientras continuaban las manifestaciones pacíficas en Lima contra las autoridades electorales.
Más de 27,3 millones de peruanos tenían derecho a voto en una contienda marcada tanto por la historia como por las políticas públicas. En esencia, la elección se convirtió en un referéndum sobre dos visiones contrapuestas de la autoridad, cada una vinculada a líderes acusados de socavar las instituciones democráticas.
La campaña estuvo marcada por el recuerdo de dos intentos de ruptura democrática, separados por tres décadas. En 1992, Alberto Fujimori llevó a cabo un autogolpe de Estado, disolviendo el Congreso y consolidando el poder ejecutivo. En 2022, el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso, pero su intento fracasó en cuestión de horas y terminó con su arresto.
La segunda vuelta se convirtió, en la práctica, en una batalla entre esos dos legados.
Sánchez, exministro y una de las figuras más sólidas del turbulento gobierno de Castillo, se erigió como el abanderado de la izquierda peruana resurgente. Obtuvo un fuerte apoyo de los votantes rurales y de bajos ingresos, quienes consideran que Castillo nunca tuvo una oportunidad justa para gobernar y que, en cambio, fue bloqueado por élites políticas y económicas arraigadas.
Ha prometido gestionar la liberación de Castillo, presentándola como un acto de justicia política. Sus partidarios consideran a Castillo víctima de un sabotaje de la élite. Sus críticos argumentan que su fallido intento contra el Congreso fue un claro intento de autogolpe.
Por su parte, Fujimori se apoyó firmemente en el legado de su padre.
Su campaña se centró en restablecer el orden en un país exhausto por años de parálisis institucional, prometiendo políticas de seguridad más estrictas, estabilidad económica y un renovado apoyo a la minería y la inversión privada. Su mensaje caló hondo entre los votantes frustrados por la inestabilidad crónica y el colapso de la gobernabilidad.
La disfunción política de Perú se ha vuelto alarmante. El país ha tenido ocho presidentes y veintiún primeros ministros en la última década. En tan solo cinco años, más de 170 ministros han pasado por el gobierno, erosionando la continuidad institucional y la confianza pública.
A medida que la autoridad central se debilitaba, la influencia se desplazó cada vez más hacia el Congreso, los grupos de poder regionales, el poder judicial y las organizaciones criminales, incluidos los sindicatos mineros ilegales y las redes de extorsión.
Fujimori sostiene que puede revertir ese declive.
Su partido, Fuerza Popular, tendrá 22 de los 60 escaños del Senado peruano, recientemente restaurado, lo que le otorga una influencia sustancial y la hace significativamente menos vulnerable a las batallas políticas de destitución que han derrocado repetidamente a presidentes recientes.
Esa perspectiva tranquiliza a muchos en el sector empresarial peruano.
Los inversionistas consideran que la administración de Fujimori es, en general, favorable al mercado y predecible. Se ha comprometido a preservar el modelo económico liberal de Perú, introducido por su padre en la década de 1990, que contribuyó a transformar al país en una de las economías de mayor crecimiento de América Latina. Su probable equipo económico incluye a tecnócratas veteranos como el exministro de Economía, Luis Carranza.
Los líderes empresariales esperan que su gobierno pueda restablecer la coherencia en las políticas, reducir los obstáculos regulatorios y reactivar los proyectos mineros paralizados.
Pero la posibilidad de una presidencia de Fujimori también reaviva viejos temores.
La principal preocupación de los críticos no es si podrá restablecer el orden, sino qué tipo de orden pretende imponer.
Fujimori ha dicho que quiere «gobernar como mi padre».
Para sus partidarios, esto demuestra un liderazgo firme y una gestión decisiva. Le atribuyen a Alberto Fujimori el mérito de haber combatido la hiperinflación y de haber desmantelado grupos insurgentes como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Para los opositores, sin embargo, la declaración resulta profundamente alarmante.
El régimen de Alberto Fujimori se volvió cada vez más autoritario, culminando en una condena de 25 años de prisión por corrupción y violaciones de los derechos humanos.
Sánchez y sus aliados argumentan que la inestabilidad de Perú es inseparable de la conducta política de Keiko Fujimori. La acusan de utilizar su influencia en el Congreso para debilitar a sucesivos gobiernos mediante la obstrucción, campañas de destitución y presión legislativa.
Él ha culpado específicamente a «Señora K», como la llaman a menudo sus críticos, de haber contribuido a generar la misma disfunción que ahora promete solucionar.
También han resurgido las dudas sobre las normas democráticas, ya que Fujimori nunca aceptó del todo sus derrotas ni en 2016 ni en 2021. Tras perder contra Pedro Castillo, alegó un fraude electoral generalizado sin presentar pruebas concluyentes e intentó invalidar miles de votos.
Este año, Sánchez ha expresado su preocupación por las supuestas irregularidades, en particular en la votación en el extranjero, y ha propuesto un recuento conjunto, una oferta que Fujimori rechazó.
La estrechez de la contienda continúa una tendencia notable en la política peruana. Esta es la tercera elección presidencial consecutiva que se decide por apenas unas decenas de miles de votos. En 2016, Pedro Pablo Kuczynski derrotó a Fujimori por unos 40.000 votos. En 2021, Castillo la venció por un margen igualmente ajustado.
