Un informe impulsado por el movimiento Restore Britain ha concluido que más de 250.000 niñas blancas británicas fueron víctimas de redes organizadas de explotación sexual y violación sistemática en al menos 149 distritos del Reino Unido durante décadas. El documento, elaborado por una comisión independiente liderada por el diputado Rupert Lowe, establece que el 90% de los perpetradores eran hombres musulmanes de origen paquistaní.
El informe detalla cómo estas bandas operaban con métodos de «grooming» desde edades tan tempranas como los 11 años: proporcionaban alcohol, drogas, regalos y atención para ganarse la confianza de las víctimas, para luego someterlas a violaciones en grupo, tráfico entre ciudades, torturas, embarazos forzados y, en muchos casos, conversiones forzadas al islam. Las redes funcionaban de forma coordinada, utilizando taxis, casas de «fiesta» y locales para trasladar y compartir a las menores entre decenas de hombres.
Según el documento, las instituciones públicas —policía, servicios sociales, autoridades sanitarias, escuelas y consejos locales— fallaron de manera sistemática durante años. Los informes de las víctimas eran ignorados, desestimados o incluso criminalizaban a las propias niñas por «comportamiento problemático». El miedo a ser acusados de racismo o islamofobia paralizó la actuación de las autoridades, que priorizaron las «relaciones comunitarias» por encima de la protección de las menores.
El informe señala directamente al Partido Laborista por encubrir el escándalo durante años con el objetivo de proteger sus votos en las comunidades musulmanas. Acusa a sucesivos gobiernos laboristas de rechazar o diluir investigaciones nacionales, suprimir datos sobre etnia y religión de los agresores y minimizar el problema para no perder apoyo electoral. Figuras como el actual primer ministro Keir Starmer, en su etapa como director de la Fiscalía, también aparecen mencionadas en el contexto de una gestión laxa de estos casos.
El documento, de aproximadamente 200-219 páginas, incluye testimonios desgarradores de supervivientes que describen abusos masivos, embarazos repetidos, abortos forzados y traumas de por vida. Entre sus recomendaciones principales figuran la deportación inmediata de cualquier extranjero condenado por explotación sexual grupal de menores, la retirada automática de la ciudadanía a los británicos con doble nacionalidad condenados, penas mucho más duras y el registro obligatorio de la etnia y religión de los agresores en todos los casos de explotación sexual infantil.
Rupert Lowe, líder de Restore Britain, ha anunciado que utilizará el privilegio parlamentario para nombrar a los responsables y que impulsará acciones legales privadas contra quienes permitieron o encubrieron estos crímenes. El informe ha generado una fuerte reacción en el Reino Unido y ha reavivado el debate sobre las fallas del multiculturalismo y la necesidad de priorizar la protección de los niños por encima de cualquier consideración política o electoral.
