La organización ambientalista SOS Orinoco denunció que la destrucción causada por la minería ilegal en la Amazonía en la región de Guayana fue resultado de una política diseñada por Nicolás Maduro y altos funcionarios, entre ellos Delcy Rodríguez, Cilia Flores, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello.
“No fue un accidente ni una simple pérdida de control (…) Fue un Estado pervertido que protegió y benefició la criminalidad y toda ilegalidad”, aseguró la ONG en X.
Señaló que la política del gobierno de Maduro incluyó expropiaciones, abandono institucional y complicidad con el fin de saquear las riquezas del país.
“Durante 25 años, la dictadura se dedicó a destruir sistemáticamente proyectos formales como Gold Reserve y Crystallex, e incluso los del propio Estado venezolano como Minerven, generando una deuda multimillonaria y abriendo el camino para que la minería informal, destructiva, las mafias, los grupos armados ocuparan el territorio”, destacó.
La ONG compartió imágenes satelitales que evidencian la destrucción causada en la región, al comparar la infraestructura legal construida en 2006 con la imagen de la devastación actual en 2026.
Según cifras calculadas de SOS Orinoco, al cierre de 2024, la minería ilegal benefició a jerarcas militares y civiles del gobierno con 3.738 millones de dólares, a grupos irregulares con 1.137 millones de dólares, hubo 455 millones de dólares en ingresos fiscales y solo 337 millones de dólares llegaron al Banco Central de Venezuela.
La organización también explicó, en gráficos, que la destrucción de la minería legal en la Amazonía comenzó con la expropiación de Gold Reserve Inc. en 2008, lo que resultó en una demanda por 769 millones de dólares.
Luego, se expropió Crystallex en 2011, generándose una deuda de 1.202 millones de dólares tras la confiscación de depósitos de oro.
Esta situación también ha provocado un grave daño ambiental, al interrumpirse los estudios de impacto ambiental de la minería.
