Por José Ignacio Moreno León
El doble sismo del 24 de junio dejó, sobre todo en el Litoral Central, un saldo dramático de cerca de cuatro mil fallecidos y un número aún indeterminado de desaparecidos. A ello se suma la destrucción de decenas de miles de edificaciones. Se estima que más de 1.000 edificaciones colapsaron o deberán demolerse por haber quedado inhabitables.
El primer reto de la reconstrucción es el manejo responsable de los escombros. No pueden tratarse como basura común ni retirarse sin planificación técnica y ambiental. La experiencia internacional muestra que los materiales generados por grandes desastres pueden convertirse en un recurso valioso si se gestionan bien. En Japón, tras los terremotos de Kobe de 1995 (magnitud 6,9) y Tōhoku de 2011 (magnitud 9,0), se instalaron centros temporales de acopio donde los escombros fueron clasificados antes de su disposición final. Así se recuperaron grandes volúmenes de hormigón y acero para reciclaje, rellenos y obras de reconstrucción. En Chile, después del terremoto del Maule de 2010 (magnitud 8,8), se priorizó la demolición controlada de las estructuras peligrosas, la clasificación de materiales reutilizables y la habilitación de áreas de almacenamiento temporal, evitando su vertido en ríos, quebradas o zonas sensibles. En Turquía, tras los terremotos de 2023 (magnitudes 7,8 y 7,5), se instalaron áreas de acopio y plantas móviles de trituración para reciclar concreto y mampostería, junto con protocolos especiales para retirar amianto y otros materiales peligrosos.
La disposición final de los escombros del Litoral Central debe considerar la fragilidad ecológica de la región, marcada por quebradas, pendientes pronunciadas y un ecosistema costero muy sensible. Por ello, no deben depositarse en cauces de ríos, playas ni zonas marinas. Es indispensable crear centros temporales de acopio y clasificación, triturar el concreto para reutilizarlo en la reconstrucción cuando sea viable y llevar los residuos no reciclables a rellenos especialmente acondicionados. Todo ello debe hacerse solo después de agotar por completo las labores de búsqueda y rescate de posibles sobrevivientes.
De estas experiencias se desprenden varias pautas esenciales: realizar una evaluación estructural antes de iniciar demoliciones; concluir la búsqueda y rescate antes de remover grandes volúmenes de escombros; clasificar los residuos en el sitio o en centros especializados; reciclar concreto, acero y otros materiales aprovechables; separar y tratar los residuos peligrosos; y proteger ríos, quebradas, playas y demás áreas ecológicamente vulnerables. Para asegurar el cumplimiento de estas medidas, se requiere una acción coordinada entre autoridades, ingenieros, universidades, empresas especializadas y organizaciones comunitarias.
Hay además una razón de gran importancia. Los escombros son evidencia clave para determinar las causas del colapso de las edificaciones, identificar fallas de diseño, construcción o materiales y establecer, cuando corresponda, responsabilidades técnicas, administrativas y legales. Su remoción indiscriminada puede destruir pruebas valiosas para futuras investigaciones.
Como hemos señalado antes, en Venezuela los fenómenos naturales siguen convirtiéndose en tragedias humanas por la falta de planificación territorial, la ocupación de zonas de alto riesgo, el deterioro de la infraestructura y la reiterada desatención de las recomendaciones de la comunidad científica y académica. Ese patrón no puede repetirse.
Por ello, frente a la realidad actual, resulta impostergable que, en el marco de un futuro proceso de reconstrucción nacional con apoyo internacional, la remoción y disposición de los escombros del Litoral Central se asuma como la primera fase del Plan Integral de Rehabilitación de la región y se ejecute con criterios técnicos, ambientales y de transparencia. La forma en que se gestionen hoy esos millones de toneladas de escombros será decisiva para la seguridad, la sostenibilidad y el éxito de la reconstrucción de La Guaira en las próximas décadas.
