El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este jueves 23 de julio el fallecimiento de dos personas privadas de libertad que permanecían bajo custodia del Estado en el Centro Penitenciario Fénix Lara, un hecho que, según la organización, evidencia nuevamente las precarias condiciones del sistema penitenciario venezolano y la falta de atención médica oportuna.
A través de una publicación en su cuenta de X, la organización identificó a las víctimas como José Antonio Rodríguez Ruiz, quien murió a causa de tuberculosis (TBC), y Alfredo José Febres, quien falleció tras presentar un cuadro de deshidratación y diarrea.
El OVP sostuvo que, más allá de los diagnósticos médicos reportados, ambas muertes reflejan la responsabilidad del Estado sobre la vida y la salud de las personas que permanecen bajo su custodia.
La organización recordó que quienes están privados de libertad no tienen la posibilidad de acudir por cuenta propia a un centro asistencial, adquirir medicamentos o gestionar un traslado hospitalario cuando su estado de salud empeora, por lo que dependen completamente de las autoridades penitenciarias.
En ese sentido, advirtió que enfermedades como la tuberculosis o cuadros de deshidratación y diarrea, que con atención médica adecuada pueden ser tratadas oportunamente, no deberían terminar en desenlaces fatales.
Asimismo, el Observatorio aseguró que estos casos contradicen el discurso oficial sobre un supuesto sistema penitenciario “humanista”, al considerar que las cárceles venezolanas continúan enfrentando graves deficiencias en materia de servicios básicos y atención sanitaria.
Entre las principales problemáticas señaladas por la organización figuran la escasez de agua potable, la mala alimentación, la falta de medicamentos, la ausencia de personal médico permanente y el incumplimiento de las Reglas Mandela de las Naciones Unidas, que establecen estándares mínimos para el tratamiento de las personas privadas de libertad.
El OVP afirmó que cada fallecimiento ocurrido bajo custodia representa una presunta violación de derechos humanos y puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado venezolano.
Finalmente, la organización indicó que continuará documentando estos casos y presentándolos ante instancias nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, al insistir en la necesidad de garantizar condiciones dignas y acceso efectivo a la atención médica dentro de los centros de reclusión del país.
