En la crisis, llega el momento en que la política deja de ser un juego de cálculos, un ejercicio de convenios diplomáticos para enfrentar la fuerza visceral e indomable del hartazgo ciudadano, del agotamiento de la sociedad. Con la piel expuesta y el alma rota, Venezuela entra en esa precisa y peligrosa hora. Cuando la falsa estabilidad y la paciencia tienen fecha de caducidad.
Atravesamos una transición inédita, con pocas posibilidades de comprensión, un experimento sin libreto ni horizonte definido. Al colapso económico y la asfixia autoritaria que ya padecíamos, se suma el rugido de la tierra que desgarró la geografía, sepultó a familiares, amigos, derrumbó hogares y arrebató lo que tenían. Así mismo, evidenció la fragilidad de un país sostenido con alfileres. En la desdicha y luto, nadie con un mínimo de responsabilidad desea un estallido social. Sería una tragedia humana de proporciones y consecuencias imprevisibles. Pero más irresponsable es la displicencia de quienes proceden como si el riesgo no existiera.
Coexisten en Venezuela dos realidades que se repelen, la desunión insostenible que amenaza con desbordarse y el divorcio entre poder y legitimidad.
La primera, fáctica, que administra las ruinas del Estado. Una organización dirigida por Delcy Rodríguez, tras la ausencia de insignificancia oficialista, gobierna en inestable equilibrio interno por el enorme rechazo ciudadano, pero sostenido por el favor y la gracia del pragmatismo transaccional de Washington.
Y, la genuina legitimidad política que descansa en María Corina Machado, líder validada por el voto masivo y reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025, cuya imposibilidad de regresar prolonga una obscena anomalía. Reconocer este cortocircuito no es una provocación; es un ejercicio de reflexión. Ningún diseño institucional, por bendecido en La Casa Blanca, puede ignorar el mandato de una nación. Admitirlo no es un desafío, es inteligente.
Allí el meollo del problema, el mayor inconveniente de la transición. La estabilidad no se decreta, impone o sostiene con arreglos entre cogollos, dirigentes y bosquejos institucionales negociados. Depende, exclusivamente, de que el ciudadano reconozca como propia a la autoridad que lo conduce. Cuando esa identificación desaparece, el sistema cruje y queda expuesto a tensiones que deben resolverse de inmediato, de lo contrario, se romperán y nadie sabe cómo.
No se hace apología de la anarquía, sino un diagnóstico. La calle se perfila como escenario potencial, porque las sociedades sometidas a la estafa, hambre, miseria y ahora a la orfandad frente a los embates de la naturaleza, llegan a un punto de saturación irreversible. Una economía exhausta, servicios públicos inservibles y un dolor colectivo inabarcable conforman una alerta. En estas circunstancias, basta una chispa para desencadenar un infierno que ningún político, nacional o extranjero, podrá controlar.
Quienes diseñan la «transición» deben comprender que ninguna fórmula puede construirse sin el aval popular. Intentar consolidar liderazgos de utilería, fracasados y de acomodos convenientes, además de pretender resucitar estructuras caducas ,cuya imaginaria existencia está en los recovecos legales, alimenta la desconfianza, generando la sospecha de que el cacareado cambio no es más que la vieja tiranía con nueva administración.
Si la indignación supera al pragmatismo y la miopía empuja al ciudadano a la calle, hay un principio que no admite debate, la represión contra una ciudadanía pacífica, desarmada, adolorida, es una flagrante violación de los Derechos Humanos. Y la historia ha reiterado con claridad contundente que la obediencia a una orden ilegal no garantiza impunidad.
La salida debe ser pacífica, institucional y democrática, pero solo sostenible si el ejercicio del poder se reconcilia con la legitimidad que nace del voto. No se trata de preferencias personales ni de simpatías ideológicas; es principio elemental sobre el cual descansa el sistema democrático. La legitimidad surge de los ciudadanos, no de arreglos impuestos, oscuros, desconocidos. Por tanto, que se despejen los obstáculos, se aparten las estructuras heredadas del oprobio y se establezca un cronograma electoral con fecha cierta e inamovible. Subestimar esta realidad tendrá un costo excesivo.
Los pueblos, con estoicismo toleran privaciones, lloran sus muertos y soportan la furia de la naturaleza, pero jamás perdonan que su voluntad sea usurpada indefinidamente en nombre de una «estabilidad» de laboratorio. Las sociedades rara vez anuncian el día en que dejan de tener paciencia y, cuando llega, la política no conduce los acontecimientos, apenas intenta alcanzarlos.
La obligación de quienes deciden es impedir que Venezuela descubra ese límite de la peor manera, cuando ya sea demasiado tarde para salvarnos.
Armando Martini
@ArmandoMartini
