Siete meses después de la captura de Nicolás Maduro y del inicio de una transición impulsada por Estados Unidos, las grandes compañías petroleras internacionales siguen mostrando una marcada reticencia a comprometer capital a gran escala en Venezuela. A pesar de que el país posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo —concentrada en su mayoría en la Faja del Orinoco— y de los llamados reiterados de la administración Trump a invertir decenas de miles de millones de dólares, el avance concreto de grandes proyectos ha sido limitado. Un reportaje exclusivo de The Wall Street Journal publicado a finales de julio de 2026 describe la situación con precisión: los majors estadounidenses compiten por los mejores campos, pero las conversaciones “han topado con un muro”.
En ese mismo artículo, el profesor de Derecho Constitucional y Administrativo José Ignacio Hernández G., consultor y non-resident senior associate del CSIS, resume el clima con una metáfora elocuente: “Pocos de ellos realmente se lanzan al agua… Es como cuando intentas vender tu casa: organizas una jornada de puertas abiertas muy exitosa a la que asisten 100 personas, pero luego nadie llama”. Hernández amplió esas declaraciones en una entrada de su blog publicada el 5 de agosto de 2026, donde propone tres reformas regulatorias concretas para atraer inversión privada.
El peso de la historia: expropiaciones y deudas pendientes
La memoria corporativa pesa. En 2007, el gobierno de Hugo Chávez obligó a las compañías extranjeras a migrar a empresas mixtas con participación mayoritaria de PDVSA. ExxonMobil y ConocoPhillips se negaron, abandonaron el país y dejaron atrás inversiones millonarias. Desde entonces, ambas empresas mantienen reclamaciones millonarias: ConocoPhillips busca alrededor de 12.000 millones de dólares y Exxon cerca de 1.000-2.000 millones, según diversas estimaciones reportadas por The Wall Street Journal y OilPrice.com. Exxon ya había sufrido una nacionalización previa en 1976. “They have been burned twice”, recuerda Francisco Monaldi, del Baker Institute, en el mismo reportaje del WSJ.
Chevron, la única major estadounidense que permaneció operando mediante joint ventures, mantiene una posición relativa de ventaja, pero tampoco se ha lanzado a expansiones masivas sin garantías adicionales.
Tres frentes de riesgo que frenan el capital
Los análisis coinciden en varios obstáculos estructurales:
- Marco legal y seguridad jurídica
El CEO de ExxonMobil, Darren Woods, calificó públicamente a Venezuela de “uninvestable” en enero de 2026 si no se producen “significant changes to the country’s commercial frameworks, legal system and hydrocarbon laws” (GIS Reports, Reuters). Las reformas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos impulsadas en 2026 —que buscan legalizar esquemas cercanos a los contratos de participación productiva— son consideradas insuficientes por expertos como Hernández. En escritos previos y en su más reciente nota, el abogado insiste en la necesidad de un marco claro, simple, estable y predecible, con protecciones duraderas contra la expropiación y mecanismos creíbles de resolución de disputas. - Infraestructura destruida y costos de reactivación
Años de falta de mantenimiento, corrupción y fuga de talento técnico dejaron la industria en un estado de deterioro profundo. Producir el crudo extrapesado de la Faja del Orinoco exige diluyentes y upgraders costosos. Estimaciones de consultoras como Rystad Energy señalan que solo mantener la producción alrededor de 1,1 millones de barriles diarios requeriría decenas de miles de millones de dólares en la próxima década (CNBC). El Instituto Mises y otros análisis subrayan que estos costos, combinados con la incertidumbre de precios, elevan el valor de la opción de esperar (Mises Institute). - Disciplina de capital y alternativas más atractivas
El sector petrolero de 2026 opera bajo una lógica muy distinta a la de los años noventa o dos mil. Wall Street privilegia retornos a accionistas (dividendos y recompras) sobre proyectos de largo plazo y alto riesgo. Con precios del crudo moderados —alrededor de 60 dólares o menos en varios momentos de 2026— y una oferta global abundante, Venezuela no compite fácilmente con el shale estadounidense o con oportunidades en otras regiones (Forbes, The Conversation).
A esto se suman preocupaciones de seguridad, seguros operativos, riesgos de renovación de sanciones y la debilidad institucional de PDVSA para ofrecer contrapartes fiables.
La perspectiva de Hernández y las reformas pendientes
En su análisis del 5 de agosto de 2026, José Ignacio Hernández G. no se limita a diagnosticar la cautela. Propone tres reformas regulatorias orientadas a reducir el riesgo país y a generar condiciones mínimas de predictibilidad para la inversión privada. Su diagnóstico se alinea con lo que ya había señalado en comentarios al Wall Street Journal y en textos anteriores sobre la “privatización de facto” de PDVSA y la necesidad de desmontar el modelo del petro-Estado.
Otros expertos citados en reportajes de Reuters, The New York Times y Politico coinciden: sin cambios profundos en el régimen de propiedad, fiscalidad, control de exportaciones y resolución de disputas, el capital patient de las majors no fluirá a la velocidad que Washington desearía.
Perspectiva
La riqueza geológica de Venezuela sigue siendo un imán teórico. Sin embargo, en la industria petrolera contemporánea las reservas no bastan. Lo que determina las decisiones de inversión de decenas de miles de millones de dólares son la seguridad jurídica, la estabilidad política de largo plazo y la rentabilidad ajustada al riesgo. Por ahora, según el consenso de ejecutivos, analistas y juristas especializados, esos elementos aún no están suficientemente consolidados. El “open house” ha sido concurrido; las llamadas de seguimiento, escasas.
