Estados Unidos entendió alguna vez una verdad sencilla sobre las transiciones democráticas: la legitimidad importa más que la continuidad. En Venezuela ha actuado como si lo cierto fuera lo contrario. Cuando los regímenes comunistas se desplomaron en Europa del Este en 1989, sus ejércitos, sus servicios de Inteligencia y sus burocracias quedaron intactos. Según cualquier criterio convencional, lo más seguro habría sido conservar a los funcionarios que sabían cómo funcionaba el Estado. Washington eligió otra cosa. Apostó por los disidentes.
Por: Pedro Mario Burelli – ABC
Václav Havel era un dramaturgo que había pasado años en prisión. Lech Walesa, un electricista que organizó a sus compañeros en los astilleros de Gdansk. Vytautas Landsbergis, un profesor de música. Ninguno había gobernado un país. Todos poseían algo más valioso: la legitimidad democrática ganada resistiendo con valentía a la dictadura.
El presidente George H.W. Bush, el secretario de Estado James Baker y el consejero de Seguridad Nacional Brent Scowcroft, sobre principios establecidos en los años de Reagan, entendieron que no había nada realista en pedir a los carceleros de ayer que construyeran la democracia de mañana. Donde perduraron funcionarios de los viejos regímenes, lo hicieron bajo pactos de transición negociados por la propia oposición, pactos que quedaron superados en cuestión de meses. Havel era presidente seis semanas después de iniciada la Revolución de Terciopelo. Walesa lo era antes de terminar 1990. Las instituciones de la represión fueron subordinadas a la autoridad democrática, no preservadas como socias de la transición. El resultado transformó Europa. Polonia, la República Checa y los países bálticos siguen siendo democracias estables y aliados cercanos de EE.UU. Washington entendió que la legitimidad no es la recompensa de la estabilidad. Es donde la estabilidad comienza. Venezuela ofreció a Estados Unidos la oportunidad de aplicar de nuevo esa lección.
Washington justificó la salida de Nicolás Maduro con dos proposiciones. Primera: no lo reconocía como presidente legítimo de Venezuela desde 2019. Segunda: Maduro había sido imputado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. La operación se presentó no como un cambio de régimen, sino como la detención legal de un gobernante ilegítimo reclamado por la justicia estadounidense. Esa lógica plantea una pregunta ineludible.
Si la autoridad de Maduro carecía de legitimidad, ¿de dónde deriva la suya Delcy Rodríguez? No de elección alguna, ni del nombramiento por un presidente al que el propio Estados Unidos consideraba ilegítimo.
Los venezolanos sí votaron. En 2024, eligieron a Edmundo González por una mayoría aplastante, en una campaña que María Corina Machado construyó y lideró. EE.UU. reconoció aquella victoria. Ahora la ha dejado de lado. El reconocimiento diplomático no es la fuente de la legitimidad democrática. Los gobiernos no se vuelven legítimos porque Washington los reconozca. La legitimidad deriva del orden constitucional o del consentimiento de los gobernados. El reconocimiento puede constatar una realidad política. No puede crear autoridad democrática, ni convertir a usurpadores en contrapartes fiables para la inversión masiva que muchos asocian con los vastos recursos de Venezuela. Y sin embargo, esa distinción parece haberse olvidado.
Seis meses después de la salida de Maduro, cientos de presos políticos siguen entre rejas. Gustavo González López, sancionado por Estados Unidos y por muchos otros gobiernos por dirigir el aparato de Inteligencia y tortura de Venezuela, ha sido ascendido a ministro de Defensa. Diosdado Cabello, a quien sucesivas administraciones estadounidenses señalaron como sospechoso de narcoterrorismo y persiguieron con una recompensa multimillonaria, recibe hoy a altos funcionarios y generales estadounidenses como contraparte de Gobierno. La recompensa sigue oficialmente en pie. En la práctica se ha convertido en una farsa bochornosa.
Nada ilustra mejor este viraje que el trato dispensado a María Corina Machado. Hizo lo que Washington llevaba años pidiendo a la oposición democrática venezolana: unió a una oposición fracturada, derrotó al régimen en las urnas y obtuvo un mandato democrático defendido por millones de venezolanos que arriesgaron su libertad para preservar las pruebas de aquella elección. Por esa hazaña recibió el premio Nobel de la Paz 2025. Y sin embargo sigue sin poder encabezar la transición que los venezolanos votaron. En su lugar, la antigua vicepresidenta de Maduro, pieza central de su régimen brutal y corrupto, ocupa la sede del Gobierno. La justificación de la era Trump es que la legitimidad democrática debe ceder ante la experiencia administrativa y la continuidad institucional. Esos eran exactamente los argumentos que Estados Unidos rechazó en 1989.
Nadie sugirió que Havel esperara hasta aprender a gobernar. Nadie en Washington eligió a dedo a un ‘apparatchik’ para gobernar por encima de los disidentes. Donde viejos funcionarios permanecieron brevemente, fue por acuerdo con la oposición, nunca por imposición sobre ella. Los responsables políticos estadounidenses entendieron que las instituciones pueden reconstruirse. La legitimidad, no. Aquello no fue idealismo. Fue política de Estado sensata y con principios.
Donald Trump y Marco Rubio sostuvieron en su día que los arquitectos del chavismo debían comparecer ante los tribunales estadounidenses, no ocupar el centro del futuro de Venezuela. Hoy el secretario Rubio supervisa una política que deja a muchas de esas mismas figuras ejerciendo el poder. Lo que importa aquí no es el hombre. Es la doctrina que muchos defendieron y ahora contradicen. Un principio que guió a administraciones republicanas y demócratas ha sido abandonado en silencio.
Las consecuencias van más allá de Venezuela. Durante décadas, los movimientos democráticos confiaron en Estados Unidos porque se alineaba de manera consistente con quienes buscaban la libertad y no con quienes administraban el autoritarismo. Esa credibilidad se convirtió en uno de los mayores activos estratégicos del país. Venezuela plantea ahora una pregunta incómoda. Washington puede estar confundiendo la conveniencia política con la legitimidad democrática. La historia ofrece una respuesta clara a esa confusión.
Las democracias duraderas no se construyen preservando a las élites autoritarias porque saben cómo funciona el Estado. Se construyen transfiriendo la autoridad a líderes que se han ganado la confianza de sus conciudadanos. Esa lección ayudó a transformar Praga, Varsovia y Vilna de capitales autoritarias en aliadas democráticas. Sigue siendo tan cierta hoy en Caracas como lo era en Europa Central en 1989.
