El 12 de agosto de 2026 concluyó en Caracas el primer ciclo de negociaciones entre la representación del gobierno interino de Delcy Rodríguez y la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, encabezada por Dinorah Figuera. Entre los acuerdos alcanzados figuran promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra y el inicio de un proceso de transformación del sistema de Justicia venezolano.
Por: Ramón Cardozo – DW
Estos acuerdos se anunciaron en medio de fuertes reclamos dentro y fuera del país por la persistencia de estructuras autoritarias y la ausencia de garantías democráticas reales.
El pasado 6 de agosto, la plataforma de organizaciones civiles Justicia y Verdad presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe ‘Termómetro de la Justicia: la Verdad y el Estado de Derecho’. El diagnóstico, correspondiente al primer semestre de 2026, concluye que, a seis meses de la extracción de Nicolás Maduro, Venezuela aún no ha logrado cruzar el umbral hacia una transición real. El documento advierte que el sistema represivo, las leyes que criminalizan la disidencia y la falta de independencia judicial siguen vigentes en el país, y señala que, en muchos casos, el patrón de actuación de las autoridades ha consistido en «ganar tiempo o la realización de simples cambios cosméticos que no atacan los problemas estructurales».
Ese mismo día, siete senadores demócratas enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que le «expresan su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela». En la misiva los legisladores sostienen que «muchos de los abusos perpetrados por Maduro y sus agentes, incluida la represión de opositores políticos y la persecución de activistas de la sociedad civil y periodistas independientes» han persistido durante la administración interina de Delcy Rodríguez.
Finalmente, las recientes excarcelaciones de presos políticos han dado a estos reclamos una dimensión más concreta. Varios de los liberados han denunciado torturas, tratos crueles y condiciones inhumanas durante su reclusión.
Estos hechos y testimonios ponen sobre la mesa uno de los aspectos más sensibles dentro de los procesos de transición política: qué hacer con las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y con las que siguen denunciándose durante el propio proceso de cambio político: ¿qué lugar ocuparán la verdad, la reparación y la rendición de cuentas dentro de la transición venezolana?
Con los pies en la tierra y los ojos en las estrellas: el equilibrio entre justicia y estabilidad
Durante las transiciones políticas de los años setenta y ochenta se asumía con frecuencia que la estabilidad podía requerir limitar o postergar la persecución de los responsables mediante amnistías o fórmulas de compromiso. Con el tiempo, la experiencia comparada transformó ese enfoque: justicia y estabilidad dejaron de verse como objetivos necesariamente opuestos, y el debate pasó a centrarse en cómo preservar la apertura política sin institucionalizar la impunidad.
La abogada Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), ilustra esta tensión con una metáfora: «Con los pies sobre la tierra y los ojos en las estrellas». Es decir, hacer lo necesario para que el proceso de transición avance, aunque sea con pequeños pasos (los pies sobre la tierra), pero sin perder de vista el norte de lo que tiene que pasar para recuperar la democracia —las estrellas—, porque, de lo contrario, esos pasos pueden ser «tan frágiles que no hagan un real cambio ni reformas estructurales».
Para Borges, la justicia es una condición esencial para la sostenibilidad de la transición. «Si avanzas sin haber comprendido el pasado, la probabilidad de que vuelva a ocurrir lo mismo es muy alta y que esa transición sea frágil es muy elevada», sostiene. En la misma línea, el experto en justicia transicional Cristián Correa, en su estudio ‘Preguntas iniciales para definir una política de justicia transicional en Venezuela’, advierte que «el proceso de justicia transicional no debe esperar la llegada de la transición, sino que debe ser parte del inicio y del desarrollo de la transición”.
Lo que la mesa de negociaciones comienza a cambiar
El acuerdo alcanzado durante el primer ciclo de conversaciones dio un paso importante al colocar la transformación del sistema de justicia entre las prioridades de la transición. Las partes pactaron reformar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y otras normas del sistema, renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales, iniciar un nuevo proceso para designar a todos los magistrados y crear un consejo encargado de revisar las credenciales y requisitos de los aspirantes.
Para el constitucionalista Juan Miguel Matheus, diputado de la AN 2015 y miembro de la delegación opositora, este acuerdo se alinea con el objetivo de reconstruir las condiciones institucionales necesarias para una elección democrática en Venezuela: «Sin un TSJ independiente no hay integridad electoral posible. Y sin integridad electoral, todo lo demás es decoración», afirmó en una entrevista con el periodista R. Lozinski el 18 de agosto.
Voces defensoras de derechos humanos coinciden en que estas medidas podrían constituir un primer avance hacia la incorporación, dentro de la transición venezolana, de elementos de la justicia transicional, siempre que la reforma modifique no solo la composición de los tribunales, sino también los mecanismos que han permitido al régimen utilizar la justicia como instrumento de persecución política.
En este sentido, Beatriz Borges advierte que «ninguna reforma institucional es creíble mientras el sistema de justicia siga siendo un instrumento del poder político». En la misma línea, el informe ‘Termómetro de la Justicia’ alerta de que sustituir o incorporar nuevos jueces y fiscales sin desmontar los mecanismos de presión política sobre el sistema judicial solo producirá «la misma subordinación con nuevos rostros».
Por otro lado, dicho informe subraya que el desafío de lograr garantías para la no repetición de la persecución política trasciende la reforma estrictamente judicial: es fundamental modificar o derogar las normas penales empleadas para castigar la disidencia y desmantelar o reformar las estructuras de represión —como el SEBIN y la DGCIM— y someterlas a controles civiles y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
La retirada de la Corte Penal Internacional: una muy mala señal para la justicia transicional
Ya en marzo de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advertía que las estructuras que habían sustentado durante años la persecución en Venezuela no habían sido desmanteladas y que no existían señales de que el gobierno interino tuviera intención de llevar ante la justicia a altos funcionarios acusados de crímenes de lesa humanidad.
Este diagnóstico ha sido ratificado posteriormente por el ‘Termómetro de la Justicia’ y por el informe ‘Venezuela’s Post-Maduro Political Transition and U.S. Policy’ (agosto de 2026), elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS), que documenta la persistencia de las estructuras represivas y la ausencia de avances suficientes en materia de rendición de cuentas, componentes esenciales de cualquier política de justicia transicional.
Una de las señales más claras de la falta de disposición del régimen posmadurista para establecer mecanismos de verdad y rendición de cuentas ha sido su postura frente a los organismos internacionales. En julio de este año, el gobierno interino de Delcy Rodríguez denunció el Estatuto de Roma e inició el retiro de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI).
La decisión fue ampliamente criticada por destacados juristas e instituciones como la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y el Bloque Constitucional de Venezuela, además de reconocidas organizaciones civiles de derechos humanos. Washington, paradójicamente, recibió la medida con beneplácito.
Para el jurista y experto en derechos humanos Víctor Rodríguez Cedeño se trata de «una señal malísima» en medio de un proceso de transición política. «Dejar la justicia de lado, la memoria, la verdad, eso es mortal», afirma, porque un acuerdo que ignore esos elementos difícilmente podrá producir una paz «estable ni duradera» en el país.
Rodríguez Cedeño, diplomático de carrera y profesor universitario, advierte además que la retirada no elimina las responsabilidades ya existentes ni pone fin automáticamente a las investigaciones en curso, pero sí transmite una señal especialmente problemática en un momento en que el sistema de Justicia no ha demostrado capacidad ni independencia para asumir esas tareas.
Por su parte, Beatriz Borges recuerda que la sociedad civil ha dedicado años a documentar los abusos y a «dejar rastro para que los hechos cometidos por el autoritarismo no queden en el olvido ni en la impunidad». Insiste en que, si Venezuela aspira a construir una democracia sostenible, «no puede pasar la página»: las víctimas deben poder acceder a «reparación, verdad, justicia y garantía de no repetición».
De allí la importancia de preservar, en estas primeras etapas de la transición, las condiciones que permitan avanzar hacia la justicia: garantizar el acceso de los organismos internacionales al país para que puedan documentar, investigar y recopilar evidencias sin obstrucciones.
La transición venezolana es muy compleja y la justicia puede avanzar de manera gradual, pero no puede quedar fuera de la transición. Las medidas que hoy se acuerden para facilitar el cambio político no pueden cerrar las posibilidades de verdad, reparación y rendición de cuentas de mañana.
