El reciente anuncio más que sensacionalista de un acuerdo petrolero entre la administración de Donald Trump y el gobierno interino de Venezuela ha acaparado titulares en todo el mundo.
Se habla de cifras millonarias y de un control histórico sobre las reservas de crudo. Sin embargo, en medio del ruido mediático, hay una pregunta que muchos nos hacemos: ¿de qué sirve un pacto energético si el país no cuenta con un gobierno con legitimidad democrática de origen?
Lo prioritario, lo urgente y lo inaplazable son unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, transparentes y con garantías internacionales.
Sin ese paso fundamental, cualquier intento de reconstrucción económica será un espejismo. No se trata de un capricho político, sino de la condición sine qua non para que el país recupere el Estado de derecho y la confianza de la comunidad internacional.
Cualquier acuerdo petrolero, negociado con un gobierno interino que no surgió de las urnas, plantea serias dudas sobre su viabilidad jurídica y su capacidad de perdurar en el tiempo. La experiencia histórica demuestra que los pactos firmados al margen de un marco democrático sólido son frágiles y fácilmente revocables.
¿Quién garantiza que el próximo gobierno estadounidense, o el próximo gobierno venezolano que surja de un proceso electoral, respetará las cláusulas de un contrato firmado sin mandato popular?
Cualquier inversor con visión de futuro lo sabe. Sin un sistema judicial independiente, sin estabilidad política y sin la certeza de que las reglas del juego no cambiarán al arbitrio de un gobierno sin legitimidad, no hay inversión seria, comprometida ni sostenible que pueda llegar a Venezuela.
Por eso, en este anuncio con clarísimas características populistas, las grandes empresas petroleras del mundo brillan por su ausencia. Y sólo aparece una gris y desconocida empresa a cuyo mando está un personaje más que cuestionado.
Los capitales necesarios para reactivar la industria petrolera, la infraestructura y los servicios básicos no fluirán hacia un terreno pantanoso donde los contratos carecen de respaldo democrático. Y si lo hacen, ponen su dinero en altísimo riesgo.
El propio acuerdo adolece de opacidad y de un profundo déficit de origen. Mientras no haya un Ejecutivo y un Parlamento elegidos por el pueblo venezolano, cualquier pacto energético será un castillo de naipes, sujeto a la volatilidad de los cambios de gobierno tanto en Caracas como en Washington.
Primero deben celebrarse elecciones presidenciales. Sin ellas, el flamante acuerdo petrolero no será más que papel mojado.
Después, solo después, vendrán las inversiones masivas.
Y será la base sobre la que se podrá construir el futuro próspero que todos los venezolanos merecemos.
Bernard Horande
