Venezuela a la hora de empezar una “transición” que comprenda temas institucionales no puede prescindir de la última institucionalidad con mandato constitucional democrático vigente, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia juramentados en el 2017 por la Asamblea Nacional democrática, los desesperados intentos por eliminar su vigencia institucional son absolutamente patéticos y extremadamente peligrosos para la institucionalidad del país. Venezuela enfrenta una oportunidad institucional limitada para iniciar un proceso ordenado de estabilización democrática y restauración del Estado de derecho, un proceso que será naturalmente difícil y permanente torpedeado por aquellos que hicieron del ejercicio del poder la violación de la Constitución y por aquellos que lo ven como una oportunidad de sacar ventajas políticas.
Por: Luis Almagro y Antonio Marval – Infobae
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, designados constitucionalmente en julio de 2017, mantienen mandatos constitucionales válidos de doce años y constituyen la única estructura judicial derivada de un proceso de nombramiento democráticamente legítimo y constitucionalmente válido por lo cual resulta absurdo que actores políticos ilegítimos como los que representan a la dictadura y actores políticos cuyos mandatos constitucionales caducaron hace 5 años, quienes solamente pueden esgrimir que al impedido no le corre termino, pero que no representan una expresión reciente de la ciudadanía se atribuyan el poder de caducar estos mandatos constitucionales. No tienen ese poder. No se los otorga la constitución ni las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.
En un mundo de imperativos categóricos para el sistema político venezolano la restitución progresiva del Tribunal Supremo de Justicia proporciona un mecanismo institucional inmediato para fortalecer la seguridad jurídica, restaurar la independencia judicial, supervisar la reorganización electoral y contribuir a reconstruir la confianza nacional e internacional necesaria para la recuperación y reconstrucción económica de Venezuela.
El marco que propone una transición gradual, constitucional y supervisada legalmente, orientada a restaurar la gobernanza democrática, la separación de poderes y las condiciones necesarias para futuras elecciones libres, competitivas y verificables internacionalmente, debe empezar por el más pleno respeto constitucional y no por violaciones burdas de negociadores cuya unica legitimidad futura es lograr recuerdos que se basen estrictamente en principios y valores de la democracia y la constitución.
Ese primer paso lleva a retomar la continuidad constitucional y a la reinstitucionalización del Poder Judicial, cualquier idea de transición tiene que ser respetuosa de ello. Sería una ilegalidad grave que debe tener consecuencias civiles y políticas para aquellos que tengan la falta de criterio o la capacidad de dolo como para hacer eso.
La transición democrática de Venezuela debe fundamentarse en el principio de continuidad constitucional, entendido como la preservación y restauración de las instituciones legalmente constituidas bajo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados constitucionalmente en julio de 2017, constituyen la única autoridad judicial derivada de un proceso de designación acorde con los principios constitucionales y democráticos de Venezuela.
Su progresiva reincorporación representa una condición indispensable para:
- Restablecer la independencia judicial;
- Garantizar la supremacía constitucional;
- Restablecer la seguridad jurídica;
- Fortalecer la protección de los derechos fundamentales; y
- Brindar confianza institucional a la ciudadanía, los inversionistas nacionales y los agentes económicos internacionales.
Los nombramientos constitucionales realizados en julio de 2017, cuyos mandatos se extienden hasta 2029, crean una oportunidad institucional limitada para restaurar la legitimidad judicial, fortalecer la independencia del poder judicial y evitar nuevas controversias respecto a la composición del máximo tribunal del país. El restablecimiento de un poder judicial independiente es igualmente esencial para la protección de los derechos de propiedad, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la recuperación económica de Venezuela.
No puede haber un marco para la estabilización democrática que sea contrario a la constitución.
La estabilización democrática requiere una secuencia de medidas institucionales destinadas a restablecer el funcionamiento normal del Estado y durante esta fase se debe tener especialmente en cuenta que cualquier autoridad ejecutiva transitoria solamente podrá ejercer las facultades expresamente previstas en la Constitución para una autoridad ejecutiva transitoria, cualquier otra cosa constituye una grave ilegalidad.
Asimismo, se debe prever que el Tribunal Supremo de Justicia reanude progresivamente sus funciones constitucionales, respetando los juramentos constitucionales a los magistrados respecto a quienes ya hemos hecho referencia.
En otras dinamicas de normalización constitucional se deberán designar autoridades electorales independientes y técnicamente cualificadas y se debe acelerar el proceso para la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias en condiciones genuinamente democráticas; y los procesos electorales estarán sujetos a supervisión judicial y observación internacional.
El restablecimiento de una Asamblea Nacional legítimamente elegida permitirá posteriormente el nombramiento definitivo de autoridades constitucionales permanentes y la normalización de los mecanismos ordinarios de gobernanza democrática.
La reconstitución provisional de las instituciones públicas será estrictamente temporal y se regirá por los principios de legalidad, responsabilidad institucional, proporcionalidad y rendición de cuentas.
El restablecimiento del Estado de derecho requiere una reforma institucional del sistema de justicia limitada y conforme a la constitución, es decir respetando estructuras y funciones constitucionales, así como de los mandatos constitucionales expresados ut supra.
Durante el período de transición es necesario que se implementen mecanismos de revisión institucional para examinar la responsabilidad individual en relación con violaciones graves de los derechos humanos, la des-instrumentalización política del sistema de justicia.
La normalización democrática requiere de trabajos de cooperación judicial internacional para enfrentar las estructuras del crimen organizado.
Para apoyar este proceso, se propone la creación de mecanismos temporales y consultivos que realice una evaluación judicial respecto al funcionamiento de todos los niveles de la judicatura.
Tambien asumir la responsabilidad de elaborar recomendaciones sobre evaluación institucional, independencia judicial y fortalecimiento del sistema de judicial, lo cual requiere una profunda auditoría interna de la judicatura y que sea funcional a la reinstitucionalización Judicial y la reafirmación y recreación del Estado de Derecho.
Todos estos trabajos resultarán fundamentales para promover la modernización judicial, la recuperación de la capacidad institucional y la consolidación del Estado de Derecho.
La supervisión de la transparencia electoral y la confianza es esencial para una responsabilidad democrática insoslayable que consiste en supervisar técnicamente la reorganización del sistema electoral y fortalecer la confianza, tanto nacional como internacional, en futuros procesos electorales libres, transparentes y verificables.
Todos estos trabajos deberán ser transversales, por la tanto la responsabilidad constitucional de los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia, para lo cual serán fundamentales las consultas con representantes del ámbito académico, asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes de reconocido prestigio. Paralelamente, Venezuela implementará mecanismos de justicia transicional compatibles con la constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, orientados a la verdad, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición.
Los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela han reafirmado su voluntad de contribuir, dentro del ámbito de su autoridad constitucional, a la restauración democrática, la independencia judicial, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica necesarias para la recuperación económica del país.
Las autoridades constitucionales que respaldan este marco expresan asimismo su voluntad de cooperar con la comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos de América, en iniciativas técnicas, institucionales y humanitarias que contribuyan a una transición democrática ordenada y sostenible. Es decir, para alcanzar una transición que signifique el retorno a la constitucionalidad del país y no un transición que transite por la marginalidad externa de la misma.
Esto quiere decir que los resultados de las negociaciones tripartitas deben ser una propuesta constitucional e institucional destinada a facilitar la estabilización democrática, restaurar el Estado de derecho y apoyar la reconstrucción institucional de Venezuela.
Antonio Marval, Presidente del TSJ
Luis Almagro, Director Observatorio Democracia de CASLA
