La mano de Estados Unidos vuelve a aparecer en los procesos judiciales que enfrenta Alejandro Betancourt. Esta vez en España. El empresario venezolano, señalado como el artífice del acuerdo que dará a Donald Trump el control de una quinta parte del petróleo venezolano, lleva más de un año investigado por la Audiencia Nacional española por blanqueo de capitales y evasión fiscal. Pero la causa está paralizada desde hace meses y las fuentes de la investigación señalan a EL PAÍS un responsable: Washington.
Por: Irena Dorta y María Martín – El País
El juez Santiago Pedraz está a la espera de una comisión rogatoria dirigida a la justicia estadounidense que nunca llega y, tras haber archivado la causa una primera vez, ha lanzado una nueva advertencia: si en diciembre no hay respuesta de Estados Unidos, volverá a dar carpetazo al caso.
Detrás de esta historia no hay solo una dilación de plazos, sino un personaje de interés crítico para los Estados Unidos. Betancourt se ha convertido en el hombre que hay detrás del acuerdo petrolero que firmaron hace unas semanas Washington y Caracas, el que permitirá a Estados Unidos ganar millones de dólares con la cuarta parte de las reservas de petróleo venezolano. El entorno de Trump conoce de sobra sus causas en Venezuela, Estados Unidos, Suiza y España —las dos últimas, aún activas—, pero lo ha usado para lograr su objetivo de reactivar el negocio petrolero en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
La firma de ese acuerdo puso bajo la lupa al empresario y sus múltiples causas, pero la Casa Blanca —y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez— no solo lo defendieron públicamente, sino que llevaban meses maniobrando para protegerlo judicialmente, según ha documentado ampliamente la prensa estadounidense.
El procedimiento judicial español, que investiga el origen y destino de más de 4.000 millones de dólares que supuestamente se habrían desviado de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, está a la espera de que Washington conteste a una petición que consiste en poder tomar declaración a una serie de testigos clave porque ya fueron condenados en Estados Unidos. Su testimonio puede afianzar el delito en Madrid, pero a punto de cumplirse un año de aquella solicitud, nadie ha respondido.
El delito de blanqueo que se investiga en España exige un delito previo que acredite el origen ilícito del dinero. Fuentes judiciales explican que, si los testigos confirman la corrupción en la petrolera, se acreditaría que el dinero que ha llegado a territorio español tiene una raíz ilícita y la causa española podría seguir adelante para ver cómo se ha lavado ese dinero ingresándolo en un circuito legal. Betancourt, conocido en España por haberse convertido en el dueño de la marca de gafas Hawkers, invirtió millones en multitud de empresas españolas y hasta compró un castillo en Toledo.
Los cinco testigos “esenciales” ya han sido condenados en Estados Unidos por el mismo esquema de corrupción en PDVSA, conocido como Money Flight. Se trata de Abraham Ortega Morales, exdirector de Planificación Financiera de la petrolera; Carmelo Urdaneta, alto funcionario del área petrolera venezolana; Álvaro Ledo Nass, exasesor legal de PDVSA; Luis Fernando Vuteff, empresario argentino y yerno del opositor Antonio Ledezma; y Luis Carlos de León, exdirector financiero de la Electricidad de Caracas, filial de PDVSA.
En la Audiencia Nacional explican que no hay un plazo legal límite por el que el país deba contestar. ¿Pero cuándo suele hacerlo? “Cuando le interesa”, apunta un juez que pide anonimato. España y EE UU tienen sistemas de colaboración judicial bien engrasados y arropados por tratados de colaboración. De hecho, el Ministerio de Justicia mantiene en Washington a un juez de enlace español para poder dinamizar toda la cooperación. Hasta hace unas semanas ese puesto lo ocupaba María de las Heras, si bien acaba de ser relevada por el magistrado Íñigo Herrero.
Fuentes fiscales que han trabajado en la cooperación internacional explican que la colaboración con Estados Unidos no es sencilla en algunos casos por la dimensión del territorio y los 51 Estados que cuentan con sistemas judiciales distintos. La cooperación se dificulta, cuentan, si lo que se pide es, por ejemplo, una medida limitativa de derechos como puede ser una entrada y registro o un pinchazo telefónico, pero explican que una toma de declaración por videoconferencia, como es este caso, “debería ser ágil”.
En este impasse, Betancourt se está blindando judicialmente con documentos del ministerio público venezolano que certifican que, a pesar de todas las tramas y sospechas en las que el empresario ha acabado involucrado, la causa en su país se sobreseyó sin que se pudiese demostrar su implicación.
EL PAÍS consultó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin recibir contestación; al Departamento de Estado, que evitó responder de manera oficial; y al Pentágono, que se limitó a ofrecer el mismo comunicado emitido tras el anuncio del acuerdo petrolero con Betancourt, informa Macarena Vidal Liy.
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