El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), extendió este miércoles 16 de septiembre de 2026 la licencia que protege a Citgo Petroleum, la refinadora estadounidense propiedad de la estatal venezolana PDVSA, de las acciones de sus acreedores hasta el 5 de noviembre. La medida fue reportada por Reuters con base en los detalles publicados en el sitio web del Tesoro.
Según la actualización de las Preguntas Frecuentes de la OFAC del mismo 16 de septiembre, la agencia emitió la Licencia General 5Z, que retrasa hasta esa fecha la efectividad de la autorización contenida en la antigua Licencia General 5. Mientras tanto, siguen prohibidas las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de Citgo vinculadas al bono PDVSA 2020 8,5 %, salvo autorización específica.
Citgo es una de las principales refinadoras de Estados Unidos, con una capacidad de procesamiento cercana a los 830.000 barriles diarios y sede en Houston, Texas. Opera tres refinerías y una amplia red de estaciones de servicio. Desde 2019, tras las sanciones impuestas por Washington al sector energético venezolano, la empresa se separó operativamente de su matriz en Caracas y quedó bajo la supervisión de juntas designadas por la oposición venezolana, según ha documentado Reuters.
La protección de Citgo no es nueva. La OFAC ha venido prorrogando periódicamente estas licencias desde hace años para evitar que acreedores embarguen el activo y para preservar su valor como uno de los principales activos venezolanos en el exterior. Extensiones anteriores en 2026 llevaron la protección hasta marzo, mayo, junio y, más recientemente, hasta mediados de septiembre, como registró Reuters en reportes previos.
El contexto inmediato es un proceso judicial complejo en el Tribunal de Distrito de Delaware. Un juez ordenó la subasta de las acciones de PDV Holding (la matriz estadounidense de Citgo) para satisfacer reclamaciones de acreedores que suman cerca de 19.000 a 20.000 millones de dólares, derivadas de impagos de deuda y expropiaciones. En noviembre de 2025, el juez Leonard Stark aprobó la oferta de aproximadamente 5.900 millones de dólares presentada por Amber Energy, filial del fondo de cobertura Elliott Investment Management.
Sin embargo, la operación no se ha completado. Para que la venta se ejecute se requiere una licencia específica de la OFAC que levante las protecciones actuales. Amber Energy ha ofrecido, entre otras cosas, pagos a tenedores del bono PDVSA 2020 y ha prometido inversiones significativas en las refinerías si obtiene el control.
En paralelo, se producen cambios políticos en Venezuela. Tras una transición que llevó a Delcy Rodríguez a la presidencia interina y al reconocimiento de su gobierno por parte de Washington, la administración venezolana ha intentado recuperar el control de activos en el exterior. Fuentes consultadas por Reuters indicaron a principios de septiembre que las juntas de supervisión controladas por la oposición se preparaban para disolverse.
Precisamente el 14 de septiembre, dos días antes de la prórroga anunciada, la OFAC modificó una licencia para prohibir expresamente cualquier cambio no autorizado en la gobernanza de Citgo Petroleum, Citgo Holding o PDV Holding. La medida, reportada por Reuters, impide el nombramiento, remoción o reemplazo de directores u oficiales sin autorización, en un momento en que la oposición pierde progresivamente su rol de supervisión.
El gobierno de Rodríguez ha calificado la subasta judicial de “robo” de un activo soberano, mientras Washington busca equilibrar el pago a acreedores, la estabilidad operativa de una refinadora que genera miles de empleos en EE.UU. y las nuevas dinámicas de la relación bilateral con Caracas, orientadas a reactivar la producción petrolera venezolana.
Por ahora, Citgo continúa operando con normalidad bajo el marco de protección de la OFAC. La prórroga hasta el 5 de noviembre mantiene el status quo y da tiempo adicional a las partes involucradas —acreedores, el fondo Elliott, el gobierno de transición venezolano y las autoridades estadounidenses— para negociar o definir el futuro de uno de los activos energéticos más disputados de la última década.
