La Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez acaba de dar un paso en el proceso de designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia: nombró una Comisión Preliminar de 11 diputados encargada de avanzar en la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales.
La composición de esta comisión resulta significativamente vergonzosa: ocho de sus integrantes son del PSUV y tres pertenecen a un sector que se presenta como oposición.
Será esta instancia la que seleccione a los 12 representantes de la sociedad civil que posteriormente formarán parte del Comité de Postulaciones encargado de evaluar a los candidatos al Tribunal Supremo.
Ahora bien, quien controla la puerta de entrada al Comité de Postulaciones tiene una influencia determinante sobre la composición del órgano que evaluará a quienes aspiran a convertirse en magistrados del máximo tribunal.
Por eso, la discusión no puede limitarse a cuántos representantes de la sociedad civil serán incorporados. La pregunta está en: quién los escoge, bajo qué criterios y con qué garantías de independencia?
Venezuela no necesita simplemente nuevos nombres en el Tribunal Supremo de Justicia. Necesita recuperar la credibilidad de sus instituciones.
Porque un Poder Judicial cuya legitimidad de origen sea cuestionada no podrá generar la confianza necesaria para conducir al país hacia una verdadera reconstrucción.
Señores Diputados de la Asamblea Nacional del 2015, ¿alguna acotación?
Edgard Simón Rodríguez
