Por José Luis Farías
Hay una liturgia del hastío que se repite en las ciudades del país. No es el estruendo de una revolución, ni el clamor organizado de un partido. Es el sonido áspero de las cacerolas golpeadas contra el hierro, el chispazo de un neumático quemado en una avenida desierta, la silueta de un vecino que cierra una calle porque la luz no llega, el video desesperado mostrando su ira contra Delcy y el Triunvirato del Mal. Durante los últimos diez días, esa liturgia ha recorrido al menos ocho estados —Zulia, Carabobo, Aragua, Miranda, Lara, Guárico, Cojedes, Sucre— y ha dejado una certeza incómoda: el descontento ya no se mide en discursos, sino en horas sin electricidad, que es lo mismo que sufriendo el calor y la plaga inclemente.
El detonante inmediato es un sistema eléctrico en bancarrota. La demanda nacional ronda los 16.000 megavatios; la generación apenas alcanza los 11.000. Las turbinas quemadas en Guri, el terremoto de junio, los años de saqueo administrativo: todo confluye en un racionamiento que ya no distingue entre horarios ni clases sociales. En Maracay, en San Carlos, en Valencia, en Cumaná, hay quienes pasan doce horas seguidas a oscuras. Y cuando la oscuridad se vuelve cotidiana, la paciencia se vuelve un lujo que nadie puede permitirse.
Pero reducir estas protestas a una crisis de servicios sería un error de diagnóstico. Los apagones son la chispa; el combustible es otro. Es el salario mínimo que se desvanece antes de terminar el mes. Es la ausencia de un cronograma electoral que devuelva a los ciudadanos la ilusión de decidir algo. Es la persistencia de los mismos sujetos que durante más de un cuarto de siglo mantienen presos políticos cuyos familiares siguen peregrinando de institución en institución con una carpeta bajo el brazo. Es, en suma, el incumplimiento sistemático de las expectativas que se abrieron cuando Nicolás Maduro salió del país con los ganchos puestos el 3 de enero pasado.
La apenas respuesta del gobierno ha sido la de siempre, aunque con matices. La Guardia Nacional aparece cuando una autopista se bloquea, pero el discurso oficial ya no se atreve a nombrar lo que ocurre. No hay cadenas nacionales explicando las protestas como una conspiración internacional. Hay, en cambio, un silencio incómodo, un desvío de la mirada hacia acuerdos petroleros y foros internacionales que no resuelven el problema de fondo. Delcy Rodríguez camina por los pasillos de la ONU sonriendo para las cámaras mientras en Venezuela se le cae el apoyo popular: menos de un 20% aprueba su gestión, según los datos más recientes.
Aquí radica la paradoja más cruel de este momento. Venezuela ensaya una apertura política que no termina de materializarse. Se excarcelan presos, se firman acuerdos, se habla de transición. Pero las estructuras represivas siguen intactas, el árbitro electoral sigue siendo una extensión del poder y la comunidad internacional —con Washington a la cabeza— parece más interesada en asegurar el flujo de crudo que en exigir urnas. Las protestas por los apagones son legítimas, necesarias, pero por sí solas no derriban un sistema. La pregunta que flota en el aire viciado de las noches sin luz es si este descontento encontrará un cauce político o si se disipará, como tantas veces, en la fatiga de los días siguientes.
Alguan vez escribí que el pueblo no es un concepto, no es una cifra en los discursos, sino un rostro que emerge del fondo del pozo. Estas protestas son eso: rostros que ya no piden, exigen. Que ya no esperan, se organizan en la oscuridad. El régimen puede ignorarlos, puede enviar a la Guardia Nacional a despejar una avenida. Pero mientras la luz no vuelva, mientras el salario no alcance, mientras no haya elecciones, la noche seguirá llena de cacerolas y los días las calles de gente protestando. Ese ruido, por bajo que sea, es el sonido de un país que se niega a apagarse.
