El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.101 protestas en todo el país durante septiembre de 2026, lo que representa un aumento de 489 % respecto a las 187 manifestaciones documentadas en el mismo mes de 2025. La cifra equivale a un promedio de 37 protestas diarias.
Según el informe publicado este miércoles, el 83 % de las movilizaciones (911) estuvo vinculado a la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca). Las restantes 190 correspondieron a Derechos Civiles y Políticos (DCP).
La crisis eléctrica se consolidó como el principal detonante. El OVCS contabilizó 531 protestas por fallas en el suministro eléctrico, un incremento de 2.024 % frente a las 25 registradas en septiembre de 2025. De ese total, 376 manifestaciones ocurrieron durante la noche y fueron protagonizadas por comunidades afectadas por apagones prolongados. Los vecinos recurrieron a cierres de calles, cacerolazos y otras formas de reclamo.
Los estados con mayor índice de conflictividad fueron Lara (96 protestas), Anzoátegui (91), Carabobo (88), Portuguesa (88) y Zulia (81). Las modalidades más frecuentes fueron las concentraciones (563), los cierres de calles y avenidas (360) y las marchas (37).
Las demandas más reiteradas se centraron en el derecho a la vivienda y a los servicios básicos, seguidas por reivindicaciones laborales. Se reportaron protestas y asambleas simultáneas en los 24 estados por salarios y pensiones dignas, así como movilizaciones de jubilados que exigían homologación salarial, pago de bonificaciones y restitución de HCM y medicamentos.
También se documentaron acciones de familiares de presos políticos y organizaciones de derechos humanos bajo la “Ruta de las Respuestas Pendientes”, protestas de padres y representantes por planteles escolares afectados por los terremotos de junio, y reclamos de productores agropecuarios. El OVCS registró además la represión de 28 protestas en 11 estados del país.
El informe destaca que el deterioro de los servicios públicos, las exigencias salariales y las demandas de justicia marcaron la conflictividad social del mes, evidenciando la brecha entre las necesidades de la población y la respuesta institucional.
