La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó este martes en primer debate la reforma de la ley contra el odio, que elimina las penas de prisión de la norma y las sustituye por multas y trabajo comunitario. El proyecto responde a una solicitud que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, envió al Parlamento el 29 de septiembre.
El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, presentó el texto. Además de suprimir la cárcel, la reforma establece procedimientos administrativos para aplicar la ley, fija sanciones y exhortaciones a los medios de comunicación sin la posibilidad de revocarles la concesión, y prevé multas para quienes difundan mensajes de odio en redes sociales. Cambia también el nombre de la norma, que pasaría a llamarse Ley de Convivencia Pacífica y Tolerancia.
Varias bancadas opositoras votaron en contra porque piden la derogación. “Es una ley que sirvió para perseguir la disidencia”, dijo la diputada Amelia Belisario, de la bancada Libertad. Belisario señaló que los artículos de la reforma no se habían presentado y que las sanciones administrativas quedarían a cargo del Ministerio de Interior, al que acusó de haber aplicado mal la ley y de acumular denuncias por violaciones de derechos humanos.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, afirmó que el chavismo se empeña en que la reforma no se use para “la persecución de nadie”. Defendió la necesidad de una ley de convivencia e invocó el riesgo de una guerra civil.
La norma vigente, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano chavista instalado en paralelo al Parlamento de mayoría opositora, tras meses de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro que dejaron más de 100 muertos. Delcy Rodríguez presidía esa Constituyente y defendió la ley. La norma contempla penas de hasta 20 años de cárcel por delitos de odio.
Según datos que difundió a fines de septiembre la Foro Penal, ONG venezolana dedicada a la defensa de presos políticos, al menos 927 personas fueron acusadas de incitación al odio desde 2017. IPYS Venezuela, organización que documenta libertad de prensa en Venezuela, documentó 85 casos de personas y medios señalados por delitos de odio entre 2017 y octubre de 2025, de los cuales 65 se relacionaron con esta ley. El coordinador de Cecodap, ONG venezolana de derechos de la infancia, Carlos Trapani, informó el 5 de octubre que 118 adolescentes fueron imputados por esa norma entre 2024 y 2025.
Rodríguez reconoció el 29 de septiembre que la ley “fue mal aplicada” y que “se hizo un uso abusivo de esa ley”. Jorge Rodríguez ya había admitido en febrero un uso inadecuado de la norma y había considerado posible reformarla. El mismo 29 de septiembre el Parlamento creó una comisión especial de 11 diputados, presidida por Infante, que se instaló el 5 de octubre. A mediados de ese mes, el Tribunal Supremo de Justicia dio su conformidad constitucional al proyecto.
La reforma se inscribe en el giro político que siguió a la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero. Rodríguez asumió como presidenta encargada y su Gobierno, que coopera con Washington, excarceló a cientos de presos políticos y permitió el regreso de algunos exiliados. La líder opositora María Corina Machado volvió a Venezuela el 25 de octubre tras casi diez meses fuera. Gobierno y oposición mantienen conversaciones con respaldo estadounidense, y la ley del odio estuvo entre los temas de la tercera ronda. Foro Penal contabiliza todavía 322 presos políticos, 140 de ellos militares, con corte al 26 de octubre.
La Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora, sostuvo a fines de septiembre que la ley “debe ser derogada, no reformada”. Human Rights Watch, organización internacional de derechos humanos, había recomendado la derogación semanas antes, al cierre de su primera visita al país en casi 20 años. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas también piden derogarla y advierten sobre mecanismos de censura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señalaron que una reforma parcial sería insuficiente y solicitaron publicar el texto completo y habilitar espacios de participación para periodistas y otros sectores.
El proyecto entra ahora en consulta pública y volverá al pleno de la Asamblea para un segundo debate, artículo por artículo, y una votación final.
