Inmunidad soberana y “colectivos pacíficos”: los polémicos argumentos de Nicolás Maduro y Cilia Flores para frenar su juicio en EE. UU.

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El proceso penal que enfrentan Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante la justicia federal de Estados Unidos registró un nuevo movimiento clave tras la captura de ambos el pasado 3 de enero (1:36). La jueza federal Analisa Torres autorizó que permanezcan bajo reserva tres documentos fundamentales de la estrategia legal con la que el exmandatario venezolano intenta desestimar la acusación penal en su contra (0:11).

MFM

La decisión, adoptada este 16 de noviembre en respuesta a una solicitud del abogado defensor Barry Pollack, protege de la divulgación pública un material identificado como el Anexo 5, así como otros dos escritos de la defensa que hacen referencia directa a su contenido (0:19). Según detalla el reporte informativo de NTN24, la propia Fiscalía estadounidense se opuso a que este anexo saliera a la luz por tratarse de información designada de acceso exclusivo para los abogados (0:27). Como resultado del fallo, las versiones completas quedaron bajo sello judicial y los archivos disponibles para la opinión pública presentan extensas secciones tachadas, manteniendo en incógnita cómo utiliza la defensa dicho material (0:51).

La ofensiva por la inmunidad soberana

El resguardo de estos escritos ocurre apenas una semana después de que la defensa de Maduro y Flores presentara tres mociones judiciales para intentar librarse de los graves cargos que pesan sobre ellos (1:07). En dos de estos recursos, interpuestos por separado, ambos reclaman inmunidad soberana y sostienen que ni siquiera la severidad de los delitos imputados permite desconocer dicha protección (1:21).

Mientras Maduro insiste en que ejercía como jefe de Estado al momento de su detención, Flores invoca su condición de esposa del exgobernante y los cargos públicos que ocupó (1:36). Sin embargo, el punto más controvertido de su planteamiento radica en que ambos equipos legales argumentan que los presuntos crímenes —entre ellos reuniones de 2014, el uso de escoltas militares para torturar e intimidar en 2006 y nombramientos en comisiones judiciales en 2021— fueron ejecutados mediante instituciones del régimen venezolano y, por tratarse de actuaciones oficiales, estarían cobijados por la inmunidad estatal (1:43).

Para reforzar este reclamo, los abogados apelaron al reconocimiento diplomático que Washington otorgó en marzo al gobierno interino de Delcy Rodríguez, alegando que las autoridades venezolanas reconocidas por Estados Unidos siguen considerando a Maduro como presidente legítimo (3:11).

La respuesta de la Fiscalía y el factor Delcy Rodríguez

La Fiscalía de Estados Unidos ya había refutado esta tesis en mociones previas, subrayando que corresponde exclusivamente al poder ejecutivo norteamericano determinar a quién reconoce como jefe de Estado y que Washington dejó de reconocer a Maduro en enero de 2019, postura sostenida tanto bajo la administración de Donald Trump como la de Joe Biden (3:35).

Además, los fiscales revelaron un dato diplomático determinante: el actual gobierno de Venezuela nunca ha solicitado inmunidad para Nicolás Maduro ni para Cilia Flores en este ni en ningún otro litigio en Estados Unidos (3:55). En contraste, mediante una nota diplomática fechada el 14 de mayo de 2026, la embajada venezolana sí tramitó y obtuvo inmunidad como jefa de Estado para Delcy Rodríguez en un proceso civil en Florida (Kenemor versus Maduro), en el cual tanto ella como el propio Maduro figuran como demandados (3:55).

Disputa de jurisdicción por el cargo de tortura

En paralelo, las defensas buscan anular el nuevo cargo de conspiración para cometer tortura alegando un presunto error de procedimiento (5:04). Los abogados acusan a la Fiscalía de manipular las reglas de jurisdicción federal, argumentando que cuando un gran jurado presentó dicha acusación el 6 de octubre, Maduro y Flores ya estaban recluidos en Brooklyn —un distrito judicial distinto al de Manhattan—, pese a lo cual los fiscales ejecutaron nuevas órdenes formales de arresto durante comparecencias posteriores en Manhattan (5:18).

No obstante, el análisis expuesto en la emisión de NTN24 advierte que, incluso si la jueza Torres aceptara este reclamo técnico, los acusados no quedarían en libertad ni serían exonerados, ya que la Fiscalía podría volver a presentar exactamente el mismo cargo ante el tribunal competente (5:55).

La polémica por los «colectivos» chavistas

Otro de los elementos que ha generado fuerte controversia dentro de los cinco anexos presentados por la defensa es la inclusión de un artículo propagandístico publicado en 2014 por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) (6:10). Con este texto, los abogados intentan rebatir la caracterización de la Fiscalía que señala a los llamados «colectivos» como estructuras criminales vinculadas al poder (6:36). El documento aportado por la defensa describe a estas agrupaciones como organizaciones civiles dedicadas a la ecología, el deporte, la cultura, la solidaridad y los derechos humanos, negando que cometan delitos o infundan miedo en la población (6:27).

Esta versión fue categóricamente desmentida por el criminólogo y experto en delincuencia organizada Luis Izquiel durante su intervención en el programa La Tarde de NTN24 (8:30). El especialista afirmó que la tesis de la defensa carece de todo sustento frente a la abundante evidencia documentada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales (8:39).

Según explicó Izquiel, los colectivos operan en la práctica como grupos parapoliciales de choque financiados desde el Estado y estrechamente vinculados con cuerpos de seguridad como la Policía Nacional Bolivariana, cuya función real ha sido perseguir, golpear y asesinar a la disidencia política, además de amedrentar a la prensa y ejercer control territorial en las zonas populares de Venezuela (8:21).

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