El debate hacia las primarias presidenciales opositoras ha tenido el futuro de la industria petrolera como uno de sus temas más álgidos. Unos proponen la privatización total de PDVSA, como es María Corina Machado. Otros, como Henrique Capriles, se han mostrado en desacuerdo con esta propuesta, debido a que «el petróleo es del pueblo».
Por: Andrés González – Politiks
Para ahondar en el futuro de PDVSA y la industria petrolera venezolana, conversamos con Miguel Ángel Santos, Director del Laboratorio de Crecimiento de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics (LSE).
Esta entrevista fue editada por motivos de claridad y extensión.
P. ¿Cuáles son los beneficios de una privatización de PDVSA?
R. Entiendo que las declaraciones y respuestas de los candidatos a las primarias – algunas más felices que otras – han atraído atención sobre este tema, pero me parece mucho más relevante hablar del futuro de la industria petrolera en Venezuela y el tipo de marco regulatorio y de propiedad que se requiere para materializar nuestras posibilidades, que hablar de la privatización de PDVSA. Son dos cosas distintas.
PDVSA es una compañía estatal que es parte de la industria. De acuerdo con el marco regulatorio actual, esta compañía debe tener mayoría en cada uno de los ventures y negocios que se hagan en relación con el petróleo.
PDVSA desde hace algún tiempo es una compañía descapitalizada, ahogada bajo el peso de una enorme deuda, que ha perdido una enorme proporción del capital humano que tenía y cuyos últimos cuatro presidentes se encuentran en el exilio, presos, muerto en prisión y recién renunciado (respectivamente), todos envueltos en acusaciones de corrupción que han sido endémicas en la gerencia de la compañía desde 2003 para acá.
Visto así, PDVSA es una suerte de cascarón que sobrevive gracias a las transferencias que recibe del Banco Central de Venezuela, a las deudas acumuladas con proveedores y contratistas, y al cese de los pagos de sus compromisos de deuda externa.
«PDVSA desde hace algún tiempo es una compañía descapitalizada»
Dado que según el marco regulatorio actual debe tener mayoría, en el momento en que la impericia operativa y el manejo irresponsable de su flujo de caja hicieron imposible que PDVSA aportara la fracción de la inversión que le correspondía como socio mayoritario, los socios externos públicos y privados correspondientes también dejaron de invertir.
Ahí se empezó a gestar la caída de la producción en medio del boom petrolero: Entre 2005 y 2014 – en medio de súper ciclo de precios petroleros – Venezuela redujo su producción en 15%, siendo el único país que consistentemente producía por debajo de su cuota OPEC. A partir de 2015 se inicia una caída mucho más acelerada: Para 2018 Venezuela ya estaba produciendo en promedio 1.5 millones de barriles día, 55% por debajo de su producción de 2005.
«PDVSA es una suerte de cascarón que sobrevive gracias a las transferencias que recibe del Banco Central de Venezuela»
Es decir, antes de la entrada en vigor de las sanciones de enero 2019 (Dany Bahar, José Ramón Morales, Sebastián Bustos y yo no encontramos evidencia de impactos significativos de las sanciones financieras de agosto de 2017), la producción petrolera venezolana venía en caída libre.
A partir de 2019, los impactos de las sanciones redujeron esa producción todavía más, hasta llegar a esos 500-700 mil barriles diarios que promediaron 2020-2022.
En este sentido, me parece mucho más interesante que pensemos en posibilidades de que los venezolanos maximicen los beneficios que reciben de su petróleo, a través de un cambio en el marco regulatorio que le dé a PDVSA la opción – pero no la obligación – de ser mayoría en cada negocio petrolero, para desvincular los prospectos de la industria de las dificultades operativas y financieras de PDVSA que he comentado anteriormente.
Eso tendría más impacto en el presente y en el futuro, en los beneficios fiscales, en el dinamismo de la industria y nuestra capacidad para recuperar producción de forma acelerada, que la propia privatización de PDVSA en sus lamentables condiciones actuales.
¿Ameritaría esto una reforma a la CRBV? ¿O solo un cambio en la actual ¿LOH?
Lo que se requiere es una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Ese sería un primer paso. A raíz de ahí, para atraer inversión, conocimiento, y cambiar la dinámica productiva petrolera de forma acelerada es necesario promover un marco regulatorio general que le dé más certezas y autonomía sobre las decisiones operativas a los inversionistas privados nacionales y extranjeros.
En ese contexto, ¿cuál es el rol de PDVSA? Esa es una pregunta interesante. Es muy difícil saber cuál es el valor de PDVSA en las condiciones actuales, qué tan rescatable es, qué tan fácil será reclutar el talento perdido y recapitalizarla, además de la restructuración de deuda que seguramente será necesaria para restablecer su vialidad.
En cualquier caso, lo que debemos tener claro es que sería una compañía nacional mucho más pequeña, focalizada en algunos yacimientos en donde puede asegurar la capacidad técnica y de inversión necesarias para explotarlo de manera eficiente, que tenga la opción – pero no la obligación – de ser socia de otras compañías nacionales o extranjeras.
Aun concibiendo PDVSA en esos términos – mucho más limitada en tamaño a lo que estamos acostumbrados – no me queda claro qué tan viable sería.
P. ¿Cuáles son los costos o riesgos de una privatización de PDVSA?
R. En el contexto que he descrito los riesgos de una privatización son mucho menores, sencillamente porque el conjunto de la industria petrolera venezolana no dependería de la situación financiera y operativa de PDVSA. De hecho, el mayor riesgo sería no abrir el petróleo a la inversión extranjera, no ser capaz de reflotar PDVSA en el corto plazo, y perder esa ventana de oportunidad para explotar nuestros hidrocarburos que se está cerrando en el tiempo.
A mí me gustaría también enfatizar los beneficios derivados de una privatización, sea de PDVSA o de otros activos públicos en donde no exista una racionalidad o motivo claro para justificar la presencia del Estado. Cuando ocurren estos procesos, la atención se suele centrar en el precio al que se realiza la operación.
En el caso de empresas en marcha con flujo de caja positivo, ese es un buen enfoque: ¿Lo que me ofrecen es mayor que el flujo de caja futuro de esta compañía, descontado a una tasa que refleje el riesgo del negocio? En el caso de los activos públicos venezolanos, la situación es distinta.
Aunque no existen cuentas claras, no creo que uno cometa un error significativo asumiendo que sufren pérdidas crónicas, tienen más personal del que se necesita para operarlas (el equilibrio es que ganan infinitesimalmente menos de lo que deberían ganar los que se necesitan para operarlas), y están ahogadas bajo el peso de una fuerte deuda.
En esa situación, yo no sería muy optimista con lo que se pudiera obtener. Yo pondría mucho más énfasis en lo que se podría crear en valor agregado y empleo en estas compañías, en los ahorros anuales que se producirían por la privatización, en el dinamismo que la iniciativa privada – con un marco regulatorio que restablezca los incentivos – le traería a la economía.
En el caso de PDVSA y todo lo que rodea a la industria petrolera nacional los prospectos no son muy prometedores. El evento electoral de 2024 – no se le puede caracterizar como una elección, eso trae consigo unas garantías que en Venezuela hoy en día, y desde hace rato ya, no están dadas – y el hecho de que hay una Asamblea Nacional que tiene la conformación que tiene, hacen muy difíciles los cambios necesarios para dinamizar la industria que he descrito más arriba. El Estado predador, la insaciable voracidad fiscal continúa ahí, los inversionistas lo saben.
Más allá de esta circunstancia particular, Venezuela debe buscar la forma de crear confianza en torno a su industria petrolera. Algunos dicen que, si PDVSA se hubiera privatizado, el chavismo se lo habría robado todo. Habría que preguntarse se eso no ha ocurrido ya, con o sin privatización.
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