El andamiaje de los Contratos de Participación Productiva (CPP) diseñado por Delcy Rodríguez durante su gestión en el Ministerio de Petróleo ha entrado en una fase de parálisis total. La racha reprivatizadora, ejecutada entre 2024 y 2025 bajo la premisa de eludir el cerco financiero internacional y reactivar la alicaída producción de PDVSA, terminó convertida en un reparto de áreas a corporaciones sin credenciales técnicas. Tras los drásticos acontecimientos políticos a inicios de 2026 y ante la pretensión de Washington de reconfigurar el manejo de los hidrocarburos venezolanos con las grandes firmas occidentales de vuelta sobre el terreno, estos negocios han quedado en un absoluto y definitivo “veremos”.
De acuerdo con los hallazgos documentales analizados en el reportaje Los contratos que Delcy repartió están en veremos publicado por Armando.info, la inviabilidad para sostener estos acuerdos radica en una alarmante realidad: el chavismo no estructuró un plan de recuperación energética basado en la meritocracia o la eficiencia, sino una red de asignaciones caracterizada por la opacidad y la nula experiencia de sus beneficiarios. En el nuevo escenario geopolítico, donde se calcula que la maltrecha industria nacional requiere inyecciones financieras superiores a los 100.000 millones de dólares para su reconstrucción, estas firmas de maletín carecen del músculo operativo, legal y financiero para defender o mantener las concesiones entregadas.
De comedores obreros a la Faja del Orinoco: El desierto técnico de los CPP
La radiografía de las empresas beneficiadas revela que la urgencia política prevaleció sobre el rigor técnico. Para finales de 2025, la estatal petrolera había asignado 20 CPP a un pool de 16 empresas tanto nacionales como extranjeras. Sin embargo, al menos cinco de estas corporaciones no registran ningún tipo de actividad previa o experiencia comprobable en el estratégico segmento de la exploración y extracción de crudo.
El caso más evidente expuesto en el expediente de Armando.info es el de West Construcciones, una empresa zuliana cuya hoja de servicios con el Estado venezolano se limitaba a la ingeniería civil tradicional e infraestructura. Lo más cerca que esta firma estuvo de la industria energética fue cuando se encargó de la remodelación y adecuación de cinco comedores obreros en diversos centros de refinación entre los años 2020 y 2021. Bajo el esquema de asignaciones de Delcy Rodríguez, esta misma compañía constructora pasó a recibir el control del sub-bloque 6 del campo Ayacucho, una de las áreas más codiciadas de la Faja Petrolífera del Orinoco debido a la magnitud de sus reservas.
El misterio de las empresas “fantasma”
La opacidad es de tal magnitud que varias adjudicatarias ni siquiera existen formalmente en los registros públicos obligatorios o carecen de presencia física identificable, un patrón sistemático detallado en la cobertura de Armando.info sobre los contratos petroleros:
- Sin habilitación legal: Al menos dos de las empresas beneficiadas con la asignación de campos ni siquiera contaban con una inscripción válida o habilitada dentro del Registro Nacional de Contratistas (RNC), el requisito indispensable establecido por las leyes nacionales para poder suscribir acuerdos comerciales con el Estado venezolano.
- Asiática del Caribe Energy, C.A.: Esta firma, a la que se le confió la explotación del campo Dación, es un enigma corporativo. No posee rastro alguno en el RNC y su única carta de presentación es un portal web en construcción que solo cuenta con una casilla para enviar mensajes, bloqueando cualquier intento de auditoría pública.
- Proven Reserves Limited: El rastro de esta entidad pasa de lo opaco a lo deliberadamente etéreo. Las auditorías internas de PDVSA confirman que la empresa carece de dirección física, registro mercantil visible, correo electrónico o números de teléfono de contacto. Se le entregó la explotación del proyecto Río Caribe en la península de Paria y, hasta el cierre de 2025, su producción reportada se mantenía estrictamente en cero barriles.
Maquillaje corporativo y apuro institucional
Otras corporaciones de la lista experimentaron creaciones exprés o modificaciones súbitas de última hora en sus actas constitutivas para poder calificar a contrarreloj en el reparto ministerial. Como bien apunta el reportaje de Armando.info, un ejemplo notable es Conbest Group, C.A., una firma con capital de origen chino que fue fundada en Caracas en octubre de 2024 y que, apenas dos meses después, ya figuraba como habilitada en el RNC, logrando recibir un año más tarde el control absoluto del campo Ayacucho 1.
En esa misma línea se sitúa Cavallino Oil Company, propiedad del contratista Carlos Enrique Abreu Bello. Si bien la sociedad existía desde 2018, se mantuvo completamente inactiva y sin operaciones petroleras reales hasta inicios de 2025. Fue entonces cuando ejecutó aumentos consecutivos de capital, modificó repentinamente su objeto social y se inscribió en el RNC el 15 de enero de 2025. De la noche a la mañana, una pequeña estructura de servicios técnicos mutó en los papeles para convertirse en una “productora independiente” a la que se le adjudicó el campo Bare.
Un modelo insostenible ante la apertura internacional
El colapso del ecosistema político que sostenía a estas empresas de maletín ha dejado al descubierto sus carencias estructurales. Al sustentarse sobre redes de amiguismo político, testaferros sancionados internacionalmente y capitales opacos vinculados a operadores cuestionados, el modelo de los CPP carece de sostenibilidad jurídica y operativa frente a las exigencias de transparencia internacional en este escenario de 2026.
Ante la inminente llegada de tecnología pesada y el flujo de capitales proveniente de corporaciones globales convocadas para reactivar el parque refinador y los pozos nacionales, las operadoras de papel creadas bajo la sombra de la vicepresidencia no disponen de argumentos técnicos ni de legitimidad legal para justificar su permanencia en el subsuelo venezolano.
