Fiscalía de Colombia abre una investigación sobre la financiación de la campaña de Petro, que también pierde apoyo en el Congreso

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La Fiscalía de Colombia ha abierto este viernes una investigación sobre la financiación de la campaña electoral del presidente Gustavo Petro después de que unos audios filtrados apuntaran a que su participación en las elecciones presidenciales de 2022 estuvo inflada con dinero ilegal.

La Gaceta de la Iberosfera

«El frente investigativo está enfocado a determinar si se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego», ha indicado en un comunicado publicado en Twitter.

La Fiscalía ha informado de que la investigación está a cargo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y de la Dirección Especializada contra la Corrupción. «Se articularán las capacidades y, de acuerdo con sus competencias, los fiscales dirigirán sus actuaciones hacia personas aforadas y no aforadas», ha apuntado.

Asimismo, las pesquisas tratarán de establecer «posibles responsabilidades en los delitos de financiación de campañas electorales de fuentes prohibidad, violación de topes electorales y demás (delitos) que se puedan tipificar».

La apertura de la investigación se produce después de la filtración de los audios del exembajador en Caracas Armando Benedetti, en los que se apunta a que el mandatario colombiano recibió dinero presuntamente «del narcotráfico» para financiar su campaña, si bien Petro lo ha negado, alegando a que los pagos se realizaron gracias a «préstamos de la banca».

En los mencionados audios de Benedetti, el exembajador colombiano en Caracas reprocha a la exjefa del Gabinete de Gustavo Petro Laura Sarabia el supuesto mal trato que habría recibido tanto de ella como del presidente Petro después de haber sido parte importante en la financiación de la campaña, llegando incluso a deslizar la acusación de que ese dinero habría llegado por cauces irregulares.

En el limbo sus reformas políticas

Las reformas del Gobierno de Gustavo Petro han entrado en un limbo después del escándalo por los audios en los que Armando Benedetti, exembajador de Venezuela, amenaza con revelar secretos de la campaña presidencial.

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, del Pacto Histórico, informó convenientemente que «se congela» la discusión de las reformas de Petro hasta que se pueda «reconstruir la coalición de Gobierno».

El Ejecutivo impulsa en el Congreso en este momento las reformas a la salud, la reforma pensional y la laboral, que son tres de las promesas de cambio que promueve y que han sido duramente criticadas por la oposición. Aseguran que la primera pone en riesgo el actual sistema médico, la segunda dejaría en un limbo el sistema de pensiones de los trabajadores y la tercera atentaría contra la generación de empleo y las inversiones en Colombia.

El pasado miércoles, Petro participó en varias marchas en medio de la mayor crisis política de su Gobierno para defender sus reformas, que —al parecer— en este momento no cuentan con los votos necesarios para ser aprobadas. Y al mismo tiempo, desde el partido de oposición Centro Democrático se hizo un llamado a firmar una consulta para desmontar las ilusiones de Petro.

De acuerdo con la senadora Paloma Valencia, las reformas que se proponen dentro de normas ya establecidas son consecuencia de la «soberbia» del Gobierno.

Cuando fue elegido el año pasado, Petro prometió efectuar amplias reformas que requieren la aprobación del Congreso, lo que le obligó a forjar una coalición con los partidos tradicionales que han gobernado el país durante décadas a cambio de darles control sobre algunos ministerios.

Esa coalición, que incluía a liberales, conservadores y centristas, comenzó a fracturarse en abril por la ambiciosa reforma de Petro al sistema de salud, la cual pretende hacer que entidades operadas por el Estado sean las únicas administradoras de los fondos de salud pública y deja fuera a las aseguradoras privadas.

Por ahora, los proyectos de reforma siguen en el Congreso, en una legislatura que acaba el próximo 20 de junio. Sin embargo, el período establecido podría prolongarse en caso de que el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias.

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