Un grupo compuesto por trabajadores y subcontratistas de Minera Panamá, que representa a más de 7 mil empleos directos y 40 mil indirectos, acudió a la Defensoría del Pueblo para denunciar posibles vulneraciones a sus derechos.
Eduardo Leblanc González, Defensor del Pueblo, anunció que se emitirán notas a los ministerios de Seguridad, Gobierno, Ambiente y Trabajo con el objetivo de garantizar los derechos humanos de estas personas.
Leblanc González agregó: «Hemos llevado este asunto a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando su colaboración con expertos. Queremos superar esta situación como país y, en caso de que no se desee continuar con la minería, cerrarla de manera regulada desde el punto de vista ambiental».
Además el grupo informó que más de mil 500 personas no tienen permitido salir, y esto ha generado inquietudes entre los afectados que necesitan regresar a sus hogares.
Nitzia Oglivie, vocera de los empleados de la minera, denunció que a algunos compañeros no se les permite abandonar el proyecto. Además, solicitan que se garantice su derecho al trabajo durante el proceso de cierre.
«Vinimos a solicitar la intervención de la Defensoría del Pueblo, ya que aún hay compañeros prácticamente ‘secuestrados'», destacó la vocera de los mineros.
