El 19 de enero de 2024, un día después de que Nicolás Maduro ordenara la activación del plan «Furia Bolivariana”, amanecieron vandalizadas 20 sedes de partidos y organizaciones civiles. El 26 del mismo mes, el TSJ chavista ratificó la inhabilitación inconstitucional de la candidata de la oposición María Corina Machado. Ese mismo día, cuerpos de seguridad estatal detuvieron y desparecieron de forma forzada y arbitraria a tres dirigentes del partido de Machado. El 4 de febrero, Nicolás Maduro anunció en un acto público que ganará las elecciones presidenciales «por las buenas o por las malas». También ese día, un grupo colectivo armado afín al régimen obstruyó una vía pública del Área Metropolitana de Caracas y forzó la liberación inmediata de 14 de sus miembros detenidos por cometer actos delictivos. El 7 de febrero, otro colectivo oficialista atacó de forma brutal e impune a los asistentes a un acto de campaña de Machado. El viernes 9 de febrero, el régimen detuvo y desapareció de manera forzada a la abogada Rocío San Miguel, reconocida activista de derechos humanos y presidenta de la oenegé Control Ciudadano.
Por: Ramón Cardozo – DW
En su conjunto, estos hechos respaldan lo señalado por Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, en cuanto a que la prioridad de Nicolás Maduro en 2024 es «aferrarse al poder y celebrar elecciones falsas [para lo cual] necesitará todas las herramientas a su disposición, incluyendo el acceso a las rentas criminales para financiar su régimen cada vez más aislado”. Según McDermott, esta estrategia consolidará el «Régimen híbrido criminal” que el chavismo ha instaurado en el país.
Venezuela lidera en América el ranking de integración de actores criminales en el Estado
Venezuela está catalogada como un país con alta criminalidad y baja resiliencia. El Índice 2023 de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) ubica al país en el octavo lugar entre los Estados del continente con mayor nivel de criminalidad organizada (puntaje de 6,72/10) y el último lugar en cuanto a la capacidad estatal para combatirla (puntaje de 1,88/10 en resiliencia).
La postración de Venezuela ante el crimen organizado se explica fundamentalmente por la fuerte presencia de actores criminales dentro del aparato estatal. El Índice GI-TOC 2023 ubica a Venezuela en el primer lugar entre los países de América con mayores niveles de integración de actores criminales en el Estado (puntaje 9,00 /10).
El Estado gansteril venezolano combina gobernanza con criminalidad
La convergencia del Estado venezolano con la criminalidad ha sido tan profunda que investigadores como Paola Bautista de Alemán, presidenta del instituto de estudios políticos y sociales FORMA, no dudan en catalogar al Estado venezolano como un «Estado gansteril”. En el mismo sentido, el centro de investigación InSight Crime sostiene que en el «Estado hibrido criminal” que caracteriza a Venezuela, se «combina la gobernanza con la criminalidad, en donde grupos armados ilegales actúan al servicio del Estado, mientras que en su interior se conforman redes criminales de actores estatales corruptos”.
Esta convergencia criminal no ha sido un hecho fortuito, sino ha sido el resultado de las estrategias implementadas tanto por Hugo Chávez como por Nicolás Maduro para preservar su poder político, según lo destaca InSight Crime en su informe «El ascenso del Estado criminal híbrido en Venezuela” (julio 2023). En ese informe, se sostiene que «Chávez se aseguró el respaldo de las fuerzas de seguridad y de poderosos actores políticos otorgándoles cargos estratégicos a los partidarios del régimen. Muchos de estos individuos se aprovecharon de sus posiciones en el Estado para establecer redes de corrupción dedicadas a malversar recursos públicos y a participar en economías criminales como el narcotráfico transnacional».
Grupos armados ilegales al servicio del Estado gansteril
A principios de la década del 2000, como parte de esta estrategia de preservación del poder, Chávez integró en sus «Círculos bolivarianos” a una variada red de organizaciones políticas populares de izquierda, conocidas como «Colectivos”. Estos grupos recibieron entrenamiento, financiación y armas del Estado, transformándose en grupos paramilitares utilizados por el Estado para imponer control social y político sobre las comunidades y para reprimir a la oposición política. Desde el 2019, muchos de los «colectivos” han sido absorbidos por las «Cuadrillas Defensoras de la Paz” (Cupaz), presentes en 10 estados del país. Según señala GI-TOC 2023, el régimen de Maduro le entregó a las Cupaz el control de los mercados negros de alimentos subsidiados, del gas de uso doméstico y de la gasolina.
La instrumentalización estatal de grupos armados irregulares se extendió también a las guerrillas insurgentes de Colombia y Venezuela. La afinidad ideológica de Chávez con las FARC, el ELN y las FBL se tradujo, «en una estrecha relación que incluía coordinación sistemática e intercambio de recursos y servicios, como armas, suministros y lavado de dinero”. Actualmente estos grupos armados están presentes en, al menos, 22 de los 24 estados del país, ejerciendo control social y territorial, sobre todo en las zonas fronterizas. Por su parte GI-TOC, sostiene que estos grupos son uno de los actores dominantes en los principales mercados criminales de Venezuela: narcotráfico, oro y trata de personas.
Las relaciones instrumentales del Estado venezolano con grupos armados ilegales se han extendido incluso a bandas delincuenciales. Con el objetivo de disminuir la violencia en las cárceles, el gobierno de Chávez cedió subrepticiamente a los «pranes» (jefes de bandas) el control interno de los centros penitenciarios, permitiéndoles obtener beneficios económicos dentro y fuera de ellos. Con la llegada de Maduro, esta estrategia se aplicó también a algunas zonas populares (Zonas de Paz), donde las bandas locales recibieron además tareas de control social y territorial. La abdicación del Estado al uso legítimo de la fuerza fortaleció a estas organizaciones y generó algunas de las «megabandas» actuales, como es el caso del Tren de Aragua. Estas organizaciones delincuenciales participan en los mercados criminales del narcotráfico, tráfico oro, trata de personas, extorsión, secuestros y sicariato.
Más de nueve mil millones de dólares produjeron en 2022 los mercados criminales en Venezuela
La creciente relación simbiótica entre agentes delictivos y las instituciones del Estado venezolano se manifiesta no solo en las dimensiones astronómicas que ha alcanzado la corrupción en el país, sino también en el significativo crecimiento de los mercados criminales en Venezuela. Según el informe de Transparencia Venezuela «Economías Ilícitas en Venezuela” (2023), se estima que las rentas de los mercados criminales en Venezuela durante 2022 ascendieron a USD 9.402 millones, equivalente al 15,67% del PIB nacional. Este monto proviene principalmente del narcotráfico (USD 5.115 millones), la explotación y comercio ilegal de oro, coltán y rodio (USD 2.133 millones), la extorsión en puertos (USD 1.394 millones) y el contrabando de combustible (USD 760 millones).
La magnitud de estas economías ilícitas indica que, en este año electoral, tal como lo han hecho en oportunidades anteriores, las redes criminales que controlan dichos mercados movilizarán todos sus recursos para respaldar al régimen de Maduro y preservar sus intereses criminales. En este sentido, expertos como Ligia Bolívar, de la oenegé Alerta Venezuela, y Roberto Briceño León, del Observatorio venezolano de la violencia, anticipan un marcado recrudecimiento de la violencia en el país durante este año electoral. Este incremento se manifestaría a través de acciones de acoso, intimidación y ataques especialmente dirigidos contra activistas y líderes políticos, periodistas y miembros de oenegés, focalizándose en territorios donde las redes del crimen organizado venezolano ejercen un fuerte control social, como las barriadas populares, áreas del interior del país y zonas fronterizas.
En un mundo globalizado, el crimen organizado busca trascender las fronteras nacionales. La posible consolidación de un Estado gansteril en Venezuela no solo amenaza la recuperación de la democracia en el país, sino que representa un peligro para toda la región, que se verá aún más afectada por las acciones de las redes criminales enquistadas en el Estado venezolano.
