El Régimen de Venezuela anunció el jueves la suspensión de las actividades de la oficina técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y dio un plazo de 72 horas a sus 13 funcionarios para que abandonen el país.
La medida, que fue calificada de «actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas» por el canciller Yván Gil, tiene varias consecuencias que podrían agravar la crisis humanitaria y política que vive el país sudamericano.
En primer lugar, se reduce el espacio de monitoreo y denuncia de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado, lo que podría aumentar la impunidad y el riesgo para las víctimas, los defensores y las organizaciones de la sociedad civil. La oficina de la ONU, que operaba en Venezuela desde 2019, había documentado casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y de asociación, entre otros abusos. Además, había brindado asistencia técnica y humanitaria a las poblaciones más vulnerables, como los migrantes, los indígenas, los niños y las mujeres.
En segundo lugar, se dificulta el acceso a la cooperación técnica y la asistencia humanitaria que brinda la oficina de la ONU, lo que podría agravar la crisis económica, social y sanitaria que vive el país. Según la ONU, Venezuela sufre una de las peores emergencias humanitarias del mundo, con más de 7 millones de personas que necesitan ayuda urgente. La oficina de la ONU había facilitado la entrega de insumos médicos, alimentos, agua y saneamiento, así como la protección de los derechos de los trabajadores, los estudiantes y los pueblos originarios⁵.
En tercer lugar, se deteriora aún más la relación entre el régimen de Maduro y la comunidad internacional, lo que podría generar más aislamiento, sanciones y presión diplomática. La decisión de suspender la oficina de la ONU se tomó luego de que el organismo expresara su «profunda preocupación» por la detención de la activista Rocío San Miguel, acusada de «terrorismo» por el Gobierno. La oficina de la ONU también había instado al diálogo entre el Gobierno y la oposición, así como a la celebración de elecciones libres y transparentes. La medida podría provocar la condena de otros países y organismos regionales e internacionales, como el Grupo de Lima, la Unión Europea, Estados Unidos y la Corte Penal Internacional.
Finalmente, se aleja la posibilidad de una solución pacífica, negociada y democrática a la crisis política que atraviesa el país, lo que podría incrementar la polarización, la violencia y la inestabilidad. La oficina de la ONU había sido un actor clave para facilitar el diálogo entre el Gobierno y la oposición, así como para promover el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho. La suspensión de la oficina podría cerrar una de las pocas vías de comunicación y entendimiento entre las partes, y aumentar la tensión y el conflicto en el país.
La suspensión de la oficina podría cerrar una de las pocas vías de comunicación y entendimiento entre las partes, y aumentar la tensión y el conflicto en el país.
Las elecciones de 2024 son una oportunidad para que los venezolanos expresen su voluntad y elijan a sus representantes de forma libre y transparente. Sin embargo, el chavismo ha puesto en duda la legitimidad y la credibilidad del proceso electoral, al acusar a la oposición de ser parte de un plan golpista y de recibir apoyo extranjero.
Además, el régimen de Maduro ha restringido las garantías electorales, como la independencia del poder electoral, la participación de los partidos políticos, la observación internacional y el acceso a los medios de comunicación.
