La presidenta de la empresa Mensajero Express, Cecilia Rivero, explicó este lunes 26 de febrero que el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) será el ente que regule los servicios de delivery en el país.
«Esto incluye las entregas que se acuerden por medios digitales o WhatsApp, pues tendrán que cumplir con la normativa y tener una concesión postal para ofrecer el servicio», aclaró en entrevista concedida al Circuito Onda.
En tal sentido, el tuitero Pedro Izquiel explica el por qué considera la medida como un «desastre inevitable» a través de un trino que reproduciremos en su totalidad y en donde se explican los alcances de la «mano peluda» gubernamental en tal decisión. No en vano los venezolanos sabemos que todo lo que toca el gobierno, lo vuelve añicos.
IPOSTEL, hoy anunció nuevas regulaciones a los servicios de delivery, las cuáles consisten en:
- Creación de una nueva licencia para autorizar el servicio, y la cual tiene un valor de 300 dólares.
- Impuesto de 1% de todas las encomiendas.
- 240 dólares para mantener la licencia.
- Y una desproporcionada multa de 6000 dólares, para quien incumpla los lineamientos.
Estas medidas, generan inevitablemente la afectación directa de:
-Los jóvenes que buscan y ejercen la actividad de delivery por iniciativa propia o para una empresa de este tipo de servicios.
-Las empresas o emprendimientos pequeños que no generan suficientes ingresos para costear los costos que representa un servicio regulado de delivery para sus clientes.
¿Cómo se ven afectados?
En el caso del sector juvenil, esto golpea la oferta de empleos en este sector, ya que las pequeñas empresas o emprendimientos no puedan ofrecer a sus clientes servicios de delivery, impactando de forma negativa y directa, la oferta de vacantes laborales en esta área de la economía, y que es por preferencia el primer empleo de muchos jóvenes en Venezuela.
Y por otra parte las pequeñas empresas o emprendimientos, se verán afectados, por la imposibilidad de prestar servicios propios de delivery ante el alto costo de mantenimiento del permiso respectivo, ademas, de obligarlas indirectamente a tranzar con empresas de mayor tamaño. Está situación afecta la estructura de costo de un producto, el cual deberá asumir el consumidor final, y que no muchos emprendimientos pueden sumar, porque al hacerlo reducen su margen de crecimiento, y afectan de forma directa la rentabilidad del comercio, resultando en pagos surrealistas e impagables, lo cuál, derivará inevitablemente en recortes al personal que tenían contratado para realizar esta actividad.
En conclusión, las medidas tomadas por IPOSTEL, son un atentado directo a las pocas oportunidades que tienen los jóvenes en Venezuela, en sus posibilidades de empleo, o en sus posibilidad de emprender, razón por lo cuál, deberían ser revisadas y eliminadas de manera inmediata, para que podamos poco a poco, pasar a un mercado libre y sin intervención estatal que es el único que puede generar oportunidades y crecimiento de la economía en el país.
