El embajador en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, de 89 años de edad, confiesa que cobró junto a su hijo Alejo de la petrolera estatal PDVSA mediante «operaciones simuladas» a cambio de asesorías ficticias millonarias. Morodo reconoce de esta manera la comisión de al menos un delito fiscal cometido durante el ejercicio del año 2014, acepta una condena de 10 meses de prisión y debe hacer frente a junto a su hijo al pago de multas por 1,41 millones de euros
El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo ha aceptado en el juicio una condena de 10 meses de prisión por un delito contra la Hacienda pública en relación con la ocultación de ganancias de casi 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo Alejo de sus negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014, reseña EFE
En la vista que ha dado comienzo este lunes en la Audiencia Nacional, Alejo Morodo ha aceptado, por su parte, una pena de dos años de cárcel por dos delitos fiscales, al igual que su padre en virtud de un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación ejercida por el colectivo Manos Limpias.
La Fiscalía pedía tres años y medio de cárcel para Raúl Morodo y ocho años y medio para su hijo pero finalmente ha rebajado su solicitud en aplicación de dicho pacto al aplicarles las circunstancias atenuantes de confesión de los hechos y de reparación del daño al haber ingresado ambos un total de 1.410.000 euros de la deuda contraída con Hacienda.
El juicio continuará respecto a la esposa de Alejo Morodo, Ana Catarina Varandas, para quien la Abogacía del Estado ha retirado la acusación pero que se enfrenta a una petición de ocho años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía y sigue también acusada por Manos Limpias.
La relación con Pdvsa
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción destaca que habría sido entre los años 2007 y 2015 cuando Alejo Morodo habría centrado su «actividad profesional en la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional», que le habrían generado «cuantiosas rentas».
Anticorrupción explica que Alejo Morodo se valió de «relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela durante los años 2004 a 2007 en los que ejerció el cargo de embajador de España» para así iniciar «una supuesta relación contractual con la empresa pública venezolana PDVSA para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional que se extendió hasta el año 2014».
En ese entonces el presidente de Venezuela era Hugo Chávez y Rafael Ramírez el presidente de Pdvsa
«Con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española, consciente de que la debida tributación de esas rentas por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) le supondría un considerable desembolso económico, decidió interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo así tributar sus rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el Impuesto de Sociedades», sostiene el Ministerio Público.
En la «ejecución de esta ilícita actuación», indica Anticorrupción, «participaron Ana Varandas y Raúl Morodo». En el caso del exembajador, añade la Fiscalía, «también ocultó a la Hacienda Pública las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades».
EFE, EuropaPress
