Una lámina difundida en el sitio web de Foro Penal contiene las cifras de la represión política en Venezuela. Sin duda alguna, el área de gestión más eficiente —el más cruel, también— del régimen de Nicolas Maduro.
Los datos actualizados hasta el 17 de febrero son los siguientes:
– 1.061 venezolanos son presos políticos (entre ellos 165 militares, 121 mujeres y 4 adolescentes.
– 18.295 es el número acumulado de detenciones.
– 10.722 es el total de medidas cautelares.
– 14 fallecidos en prisión.
– 875 civiles han sido presentados en tribunales militares.
– 104 detenciones/encarcelaciones se han producido desde el 1º de enero hasta el 17 de febrero de 2025 (Más de dos arrestos por día).
En Venezuela aún está vigente la Constitución aprobada en 1999. Su artículo 43 indica: «El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas privadas de libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma». ¿Quién responde por los 14 venezolanos que han fallecido bajo custodia del Estado?
El artículo 44 de la Constitución indica: Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso». En cada caso, el juez o jueza hace presos a los presuntos imputados y algún día, y siempre tras las rejas, los inculpará de los delitos repetidos como una cartilla.
La sola existencia de presos políticos es una vergüenza impropia de un país amante de la libertad. O eso se creía. Las condiciones de reclusión, la negación de su derecho a la defensa, la violación repetida como cartilla del debido proceso es lo que desde el lunes y hasta el viernes de esta semana denunciarán organizaciones civiles y familiares y amigos de los presos políticos y también de aquellos que han sido excarcelados pero no liberados.
La iniciativa del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@llippve), Ruta por la Justicia y la Libertad, convoca a toda la sociedad civil para exigir ante organismos públicos lo que debe ser un clamor nacional por la decencia y la dignidad:
En el Palacio de Justicia: Se exigirá transparencia y celeridad, garantías procesales, radicación de presentaciones, así como el fin de juicios injustos e ilegítimos contra quienes han sido privados de su libertad por razones políticas.
En la Defensa Pública: Solicitarán garantías efectivas para que cada preso político tenga acceso a una defensa legal adecuada y equitativa.
En la Defensoría del Pueblo: Denunciarán las condiciones inhumanas de detención y pedirán intervenciones urgentes para proteger la integridad física y psicológica de los prisioneros.
En el Ministerio para el Servicio Penitenciario: Demandarán mejoras en las condiciones carcelarias y el cumplimiento de normativas internacionales sobre trato digno hacia los detenidos.
En el Ministerio Público: Instarán la realización de investigaciones imparciales y profundas sobre casos de abuso, tortura, muerte bajo custodia y persecución política.
