Un devastador expediente judicial de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, bajo la nomenclatura del caso S5 11 Cr. 205 (AKH), ha revelado la radiografía más oscura y detallada hasta la fecha sobre el aparato de poder en Venezuela. La acusación formal sustitutiva (Superseding Indictment), emitida por un Gran Jurado, imputa formalmente cinco cargos criminales graves contra el gobernante Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro [Pág. 1].
De acuerdo con el documento legal emanado desde la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, la pareja presidencial —detenida inicialmente el 3 de enero de 2026 por cargos previos— lideró durante más de 25 años una estructura criminal [Pág. 1, 5]. Esta organización abusó de la confianza pública para enriquecerse ilícitamente a través del narcotráfico, el saqueo de fondos públicos y la instauración de un sistema de represión y tortura sistemática para perpetuarse en el poder [Pág. 1].
El monopolio del crimen: El «Cártel de los Soles» y sus aliados
La investigación detalla que los acusados se posicionaron en la cúspide de una pirámide delictiva que operaba bajo el amparo de las fuerzas militares, judiciales y policiales de Venezuela [Pág. 2]. Utilizando la organización interna conocida como el Cártel de los Soles, la cúpula estatal habría consolidado una corporación de narcotráfico y narco-terrorismo dedicada a enviar toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos a través de puntos estratégicos en el Caribe y Centroamérica [Pág. 2].
El pliego de cargos formalizado ante la Corte Federal estadounidense demuestra que, para cumplir con estos objetivos de tráfico masivo de estupefacientes, Maduro y Flores de Maduro pactaron alianzas estratégicas con organizaciones criminales y terroristas transnacionales. El expediente menciona explícitamente operaciones compartidas con las Fuerzas Armadas Recursos de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas (bajo el nombre de Cártel del Noreste) y la megabanda criminal Tren de Aragua (TdA) [Pág. 2].
Estas alianzas incluyeron transacciones de armamento pesado y minas explosivas de fabricación cubana entregadas a las guerrillas colombianas a cambio de cargamentos de droga [Pág. 8], los cuales eran transportados en camiones oficiales hacia bases militares venezolanas para su posterior exportación marítima y aérea [Pág. 8]. El desvío de los recursos públicos no se limitó a las fuerzas armadas; la propia empresa petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), fue utilizada como una herramienta para facilitar la logística del narcotráfico, llegando a emplearse aeronaves de la compañía para mover cargamentos custodiados por la Guardia Nacional Bolivariana [Pág. 8, 9].
«Apriétenlos más»: La metodología institucional de la tortura
El núcleo más sombrío de la acusación describe cómo la cúpula venezolana recurrió a la violencia y el tormento físico y psicológico extremo para neutralizar la disidencia política [Pág. 3]. El documento señala que el propio Nicolás Maduro ordenaba detenciones ilegales, seleccionaba objetivos y recibía reportes constantes sobre el estado de los prisioneros [Pág. 3]. En una reunión celebrada a inicios de 2014 ante protestas masivas, tras ser informado de que algunos detenidos se mantenían desafiantes, Maduro hizo un ademán con las manos emulando un tornillo y ordenó textualmente: «Squeeze them harder» («apriétenlos más»), autorizando el incremento de la brutalidad [Pág. 14].
Las salas de interrogatorio de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y recintos como las prisiones de Boleíta Norte y Ramo Verde se convirtieron en laboratorios de dolor amparados por el Estado [Pág. 6, 16, 19]. Los testimonios adjuntados por los fiscales federales en el expediente de la Corte del Distrito Sur de Nueva York describen una barbarie generalizada:
- El caso del «Oficial-1» [Pág. 7]: Tras sospecharse en el año 2010 que un efectivo policial de confianza había sido desleal y robado parte de un cargamento de droga, fue confinado a un tráiler militar. Allí fue amarrado, golpeado con una pala y las culatas de fusiles, recibió un disparo en la rodilla y fue violado analmente con el palo de una escoba, sufriendo amputaciones y daños masivos en sus genitales.
- El caso de la «Víctima-1» [Pág. 10, 11]: En el año 2022, para forzar a una jueza («Oficial-2») a cumplir las directrices presidenciales de inhabilitar a candidatos opositores, agentes del Estado secuestraron a sus familiares. Una de las víctimas fue obligada a beber agua de una letrina, atacada con gas lacrimógeno en un espacio cerrado y encerrada en la celda de castigo conocida como «El Congelador», un espacio a temperaturas extremas donde se blanqueaba la mente del reo con luces encendidas y música a alto volumen las 24 horas del día.
- El caso de la «Víctima-2» (Oficial Militar) [Pág. 12, 13, 16]: Detenido inicialmente en 2013, este militar fue sometido a más de 20 descargas de cables de alta tensión sobre su espalda previamente mojada para potenciar la conductividad eléctrica. Fue colgado de pies y manos hasta perder el conocimiento y sumergido en agua en más de 30 ocasiones para simular el ahogamiento. Además, sufrió tortura psicológica cuando sus captores le exhibieron prendas íntimas asegurando que eran de su hija, amenazando con violarla si no firmaba una confesión falsa. Al ser recapturado en 2017 en los sótanos de la DGCIM, le aplicaron asfixia con bolsas plásticas en la cabeza y estiraron sus extremidades simulando un desmembramiento.
- El caso de la «Víctima-4» (Civil) [Pág. 17, 18]: Arrestado en enero de 2018 únicamente por su vínculo amistoso con un inspector rebelde de la policía (Oscar Pérez), fue golpeado con el lado plano de un machete, rociado con insecticida en el rostro y asfixiado con plásticos hasta desmayarse. El expediente resalta que el alto funcionario codificado como «CC-1» presenció las sesiones de electrocución en los genitales del reo mientras revisaba de manera casual su teléfono celular, tras amenazar con asesinar al hijo pequeño del detenido.
La cacería y uso de ciudadanos estadounidenses
La hostilidad política del régimen hacia Washington devino en una persecución directa contra ciudadanos norteamericanos en suelo venezolano, quienes comenzaron a ser utilizados de forma estratégica como fichas de canje político [Pág. 4, 20, 21, 22].
El dossier de la Fiscalía de EE. UU. documenta que en enero de 2022, un ciudadano estadounidense (Víctima-7) fue arrestado bajo falsos cargos de magnicidio. En cautiverio, los oficiales le rociaron un líquido nocivo en el rostro que le indujo el vómito, obligándolo posteriormente a ingerir sus propios fluidos [Pág. 20, 21]. En Boleíta Norte, se le aplicaron descargas eléctricas presenciadas y coordinadas bajo las burlas del funcionario «CC-3», complementadas con inyecciones forzadas de sustancias químicas que le generaban severos ataques de convulsiones [Pág. 21].
Otro caso dramático es el de la Víctima-8, capturado en agosto de 2023 cuando viajaba a visitar a sus familiares [Pág. 21]. Agentes de inteligencia lo atacaron por la retaguardia provocándole lesiones permanentes en la columna vertebral [Pág. 21]. Durante su traslado en ambulancia, los custodios le introdujeron un arma de fuego en la boca indicándole que se despidiera de su vida, mientras le propinaban descargas eléctricas en los testículos que le causaron múltiples desmayos [Pág. 21]. Uno de los torturadores le admitió explícitamente que la única razón por la que no lo ejecutaban era porque su nacionalidad estadounidense lo convertía en un activo valioso para un intercambio de prisioneros [Pág. 21, 22]. Asimismo, a inicios de 2025, la Víctima-9 (otro ciudadano de EE. UU.) permaneció encapuchado en un sótano donde guardias propinaban golpizas en su rostro y cráneo cada 30 minutos, causándole la pérdida y daño permanente de la visión en uno de sus ojos [Pág. 22].
El Control del Sistema Judicial
El expediente criminal expone detalladamente cómo la cúpula manipuló las instituciones legales para garantizar su impunidad y desarticular la democracia [Pág. 9, 10]. Mediante la creación de la «Comisión Especial para la Conducción de la Revolución Judicial» en 2021 —donde Cilia Flores ejercía como vicepresidenta—, los tribunales venezolanos se subordinaron completamente al Ejecutivo [Pág. 10]. En reuniones en el palacio presidencial, los magistrados eran instruidos a seguir directrices políticas a cambio de prebendas económicas ilegales, tales como «bonos» mensuales de $1,000 dólares en efectivo [Pág. 10]. Aquellos juristas que intentaron resistirse al mandato de proscribir las candidaturas de la oposición vieron a sus propias familias ser arrestadas y sometidas a los vejámenes de los cuerpos de contrainteligencia militar [Pág. 10].
Ante la contundencia de las pruebas testimoniales y periciales recopiladas, la acusación federal no solo persigue penas de prisión severas, sino que ha activado cláusulas de decomiso criminal amparadas bajo las leyes federales de EE. UU. [Pág. 28, 29]. El gobierno estadounidense exige la confiscación total de cualquier activo, propiedad inmobiliaria, fondos bancarios o recursos financieros, tanto en territorio estadounidense como internacional, que hayan sido derivados directamente de este entramado multimillonario de narcotráfico, corrupción y crímenes de lesa humanidad [Pág. 28, 29].
