El Gobierno chavista de Venezuela avanza a cuentagotas con las liberaciones de presos políticos a lo largo y ancho del territorio. No obstante, en esta ocasión, ocho militares venezolanos, entre ellos un general, recuperaron la libertad tras permanecer más de nueve años encarcelados por acusaciones de conspirar contra el régimen de Nicolás Maduro en 2017.
El grupo, vinculado al “Caso Paracaidistas”, fue excarcelado en el marco de una nueva tanda de liberaciones promovida por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien aseguró el viernes pasado la liberación de 500 detenidos en las “próximas horas”. La promesa realzó el malestar y la indignación de los familiares de los presos políticos ya que hasta el momento no fueron puestos en libertad ni la mitad de elos.
Los militares fueron señalados de instigación contra el régimen de Maduro y compartieron expediente con el general Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa y antiguo aliado de Hugo Chávez, quien falleció en prisión en 2021. Dos hijas de Baduel, Andreína y Margareth, lideran campañas por la liberación de los arrestados por motivos políticos y demandan la excarcelación de su hermano Josnars Baduel, detenido desde 2020 por su presunta implicación en una incursión fallida para deponer a Maduro.
A la salida del tribunal, los sargentos recibieron abrazos y aplausos de familiares y simpatizantes. Vestían camisetas amarillas y algunos alzaron el puño en señal de victoria, según imágenes publicadas en X por la ONG Foro Penal. El general Ramón Lozada salió inicialmente en silla de ruedas, pero luego se incorporó y se colocó una bandera venezolana en el pecho.
“Confirmamos la liberación por pena cumplida de los sargentos paracaidistas y del General (Ramón) Lozada”, reportó en X Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, quien precisó que los liberados estuvieron más de nueve años en prisión.
La presidenta encargada, que asumió el control del país tras la captura del ex dictador en una operación estadounidense, promovió una ley de amnistía que excluye a la mayoría de los militares, considerados presos políticos por organismos de derechos humanos.
Jorge Arreaza, diputado chavista y presidente de la comisión parlamentaria que supervisa la amnistía, reconoció el martes la “dilación en algunos procesos” y sostuvo que “durante el gobierno de Maduro no había condiciones políticas” para abordar estos casos. “Estábamos en una situación muy polarizada”, declaró en la televisión estatal VTV.
En febrero, un primer grupo de 31 militares acusados de rebelión y traición a la patria obtuvo libertad condicional. Según Foro Penal, desde enero se produjeron unas 800 excarcelaciones de presos políticos.
El Ejecutivo venezolano asegura que 8.000 personas resultaron beneficiadas por la amnistía vigente desde febrero, aunque la mayoría no permanecía detenida, sino que enfrentaba procesos judiciales. Por este motivo, los familiares de presos político solicitaron a las autoridades un listado oficial de las liberaciones. Según la ONG, hasta el 25 de mayo se contabilizan 409 detenidos por cuestiones políticas en Venezuela.
Los seres queridos y activistas se manifestaron el martes frente al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado de Miranda, para reclamar la liberación de mujeres detenidas por causas políticas.
La protesta respondió al reciente anuncio de nuevas excarcelaciones, una promesa que, según los manifestantes, las autoridades no cumplieron.
La concentración exhibió pancartas y fotografías de 34 mujeres que, de acuerdo con Foro Penal, permanecen encarceladas por motivos políticos. Entre los casos más citados estuvo el de Emirlendris Benítez, detenida desde 2018 y condenada a 30 años de prisión por el caso del atentado contra Maduro.
Su hermana, Melania Leal, relató el sufrimiento de Benítez, quien perdió un embarazo mientras se encontraba privada de libertad tras denuncias de tortura. Leal instó a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, a poner fin al dolor de las familias afectadas.
En la jornada participó Ángel Godoy, ex preso político excarcelado en enero tras un año de reclusión, quien exigió a los hermanos Rodríguez que cumplieran su palabra de liberar a las detenidas por razones políticas. También intervino Miguelangel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, quien aseguró que los dirigentes “engañaron nuevamente” a la sociedad venezolana.
