El mundo está viviendo una de sus peores crisis migratorias de la historia de la humanidad. Los Estados-Nación que nacieron en los últimos siglos habían frenado las masivas olas migratorias del mundo antiguo, pero las políticas progresistas del siglo XXI parecen estar trayéndolas de vuelta.
En la frontera sur de Estados Unidos y en las costas de Europa, caravanas de migrantes llegan todos los días, provocando resultados desastrosos para el nivel de vida y la provisión de servicios públicos, por no mencionar la proliferación de numerosas actividades delictivas del más reprochable calibre.
Para muchos puede resultar una novedad, pero de hecho no lo es. El Premio Nobel de Economía en el año 1976, Milton Friedman, ya advertía por las consecuencias negativas de la libre inmigración, argumentando que son totalmente incompatibles con los estándares de las sociedades modernas.
Usando la clásica comparación con las masivas migraciones que se produjeron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el galardonado economista explicó que se hizo en un contexto muy diferente al que existe hoy.
Primero de todo, aunque hoy se omite en los relatos de la época, los migrantes europeos que llegaron al continente americano en aquél entonces lo hicieron de manera legal, ante un fuerte proceso de vetado por las autoridades de la época. Criminales, agitadores sociales y miembros de algunos grupos étnicos fueron denegados acceso a los países americanos.
Pero lo más importante, es que tampoco existía tal cosa como “Estado de Bienestar” en ninguna de las economías que recibieron esos flujos migratorios. No existía el amplio abanico de coberturas sociales que existen hoy en día, ni tampoco los sistemas de salud o educación nacionales abastecidos por el Estado.
En otras palabras, la provisión de los llamados “bienes públicos” era prácticamente nula por aquel entonces, estaba reducida una mínima expresión que se limitaba a servicios como seguridad, justicia, funcionamiento básico del Gobierno, sistemas cloacales y de alumbrado público, pero no existía el arsenal de “contención social” que ofrecen los Gobiernos modernos.
Al día de hoy, todos estos subsidios se incrementan y generalizan automáticamente a medida que llegan olas migratorias, dado que en este tipo de procesos migratorios se movilizan personas de muy bajos recursos, y ni bien reciben el estatus de refugiados, empiezan a cobrar asistencia social.
Bajo estos estándares, indefectiblemente se incrementa la presión fiscal sobre los ciudadanos que aportan al sistema de protección social que ofrece el Estado, deteriorando así el nivel de vida de la sociedad de manera uniforme.
Por otra parte, a medida que cada vez más personas disfrutan de las transferencias sociales del Estado pero una menor dotación relativa de personas las financian, el resultado no puede ser otro sino el deterioro de estas prestaciones (salud, educación, bienes públicos, etc). Nuevamente, se deteriora el nivel de vida de la sociedad de manera uniforme.
Bajo las condiciones actuales, y dado que los consensos políticos en la mayor parte de los países desarrollados parecen rechazar el desarme del Estado de Bienestar por completo, las restricciones sobre los movimientos migratorios aparecen como la única manera concreta y seria para prevenir los efectos negativos en el bienestar de la sociedad.
El dramático resultado de la inmigración descontrolada se está imponiendo en los consensos políticos de las economías desarrolladas, incluso entre los espacios “progresistas” que anteriormente favorecían activamente esas políticas.
La excanciller Ángela Merkel admitió que el “multiculturalismo” fue un fracaso estrepitoso en Alemania, mientras que en Estados Unidos el alcalde de la Ciudad de Nueva York, el demócrata Eric Adams, admitió que la oleada masiva de inmigrantes ilegales amenaza directamente a los estándares de vida de la ciudad.
