Mientras Venezuela avanza en un delicado proceso de transición tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero por fuerzas estadounidenses, sectores de la oposición advierten que estructuras represivas del chavismo persisten y esperan una oportunidad para reactivarse.
Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, alertó en entrevista con El Nacional que agentes de seguridad del Estado mantienen “listas negras”, realizan seguimientos, toman fotografías y amenazan a opositores, en lo que describe como una mutación de la represión tradicional.
“El monstruo ha mutado de forma extraña, pero sigue allí. Ya no es la amenaza directa de detención, sino amenazas verbales, como si estuvieran esperando que algo falle en la transición para recobrar su forma represiva”, afirmó Moreno.
Según el dirigente, aunque han disminuido las detenciones masivas, persisten prácticas de vigilancia y extorsión. Denunció que en varios estados, especialmente fronterizos como Bolívar, Táchira, Apure y Delta Amacuro, operan grupos irregulares como el ELN y disidencias de las FARC, que cobran “vacunas” (extorsiones) con presunta tolerancia de funcionarios.
“Se están llevando por el medio a la misma sociedad”, señaló Moreno, al referir casos de desaparecidos y víctimas de conflicto armado no visibilizadas por temor a represalias.
El equipo de María Corina Machado recorre el país recopilando testimonios de violaciones a los derechos humanos desde la era de Hugo Chávez hasta la actual gestión interina de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada el 5 de enero con apoyo del Tribunal Supremo de Justicia y bajo supervisión estadounidense.
Moreno criticó que algunos presos políticos se mantengan detenidos como “fichas de canje” por parte de lo que llamó “la mafia” aún presente en el poder. Exigió la desmantelación completa del SEBIN y la DGCIM, principales órganos de inteligencia acusados de sistemáticas violaciones.
Entrega de informe a la ONU
Vente Venezuela prepara un detallado documento con testimonios que entregará a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que según Moreno tendrá presencia permanente en Caracas, así como a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y a autoridades de la administración Trump.
“Los crímenes de lesa humanidad tienen que ser pagados con justicia. Están por encima de cualquier acuerdo político”, enfatizó el coordinador.
La transición vive un momento de aparente estabilización económica y liberación progresiva de presos, pero con fuertes tensiones. Sectores opositores insisten en que sin desmantelamiento real de las estructuras represivas y justicia transicional, el riesgo de retroceso autoritario permanece latente.
El Nacional intentó obtener reacción de fuentes del gobierno interino, sin obtener respuesta inmediata al cierre de esta edición.
