El próximo 4 de marzo, la Audiencia Nacional incorporará a la causa un documento procedente de la petrolera estatal venezolana PDVSA que, según lo declarado en sede judicial, contendría pruebas sobre un supuesto sistema de reparto de «cupos» de petróleo venezolano entre dirigentes socialistas nacionales e internacionales y que estaría vinculado a la presunta financiación ilegal de la Internacional Socialista y del PSOE.
El contenido exacto del sobre no ha sido revelado públicamente. Sin embargo, en el marco de la investigación del caso Hidrocarburos, se ha apuntado a que incluiría documentación que acreditaría asignaciones de crudo venezolano a responsables políticos socialistas. Según las manifestaciones realizadas ante el juez, esos «cupos» formarían parte de un mecanismo con repercusiones económicas cuya trazabilidad podría tener relevancia penal.
Fuera de la sede judicial se ha afirmado que la información contenida en ese envío sería «más que suficiente» para provocar la caída del Ejecutivo e incluso para derivar en responsabilidades penales del presidente del Gobierno y de otros cargos. La dimensión de esas declaraciones contrasta con el hermetismo mantenido hasta ahora sobre el detalle documental concreto.
La existencia del sobre trascendió tras una actuación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que interceptó una imagen del mismo en una conversación privada. En el exterior del envío figura como destinataria la dirigente venezolana Delcy Rodríguez y como remitente el entonces ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo Fernández. Consta además un sello con el nombre de Víctor de Aldama y la fecha 4 de febrero de 2020.
Durante meses, el documento no fue puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción. Su entrega se producirá ahora en un contexto judicial especialmente sensible. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno mantiene bajo secreto una investigación sobre las cuentas de la sede socialista en Ferraz ante indicios como movimientos de efectivo y entregas de dinero en metálico, entre ellas los 90.000 euros que la empresaria Carmen Pano ha ratificado ante el magistrado.
De forma paralela, la UCO elabora un informe que analiza pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024 a cargos socialistas bajo el concepto de adelantos de gastos. Los investigadores detectaron discrepancias entre la contabilidad oficial del partido y otras entregas reflejadas en conversaciones intervenidas al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y a su expareja Patricia Úriz.
La apertura del sobre y el análisis de su contenido marcarán un nuevo punto de inflexión en la causa. Si la documentación respalda las afirmaciones realizadas en sede judicial, el foco ya no estará solo en las tramas investigadas hasta ahora, sino en la posible conexión entre el petróleo venezolano y la financiación de estructuras políticas vinculadas al socialismo internacional.
