El Tribunal Supremo de España acordó el jueves escuchar el caso del fiscal del Estado contra el eurodiputado Carles Puigdemont por cargos de terrorismo por su participación en 2019 en disturbios violentos perpetrados por separatistas catalanes.
Por: Bridget Ryder – The European Conservative
Los jueces coincidieron por unanimidad en que, tanto para Puigdemont como para el diputado regional catalán Rubén Wagensberg, es “necesario y pertinente que sean llamados a trámite, para ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstos en nuestro sistema legal.»
Tras la decisión, el presidente de VOX, Santiago Abascal, criticó al gobierno por proteger a un fugitivo acusado de sedición, rebelión y terrorismo. Abascal dijo que va en contra de la Constitución y los tribunales, sugiriendo que el gobierno de Sánchez lo está haciendo para aferrarse al poder obtenido con los votos del fugitivo. Instó a los partidos, la sociedad civil y los medios de comunicación no corruptos a presionar para que Pedro Sánchez renuncie y enfrente las consecuencias en los tribunales.
El tribunal ha recogido al menos una docena de precedentes judiciales que respaldan las acusaciones de terrorismo en el caso ‘Tsunami Democrático’, nombre que hace referencia a los grupos que protagonizaron los disturbios en el Aeropuerto Prat de Barcelona en 2019. La sentencia también indica que hay pruebas presentar cargos de terrorismo contra Puigdemont, que ya era un fugitivo de la justicia española que vivía en Bruselas en el momento de los disturbios. Sin embargo, se le encarga ayudar a planear y ordenar la violencia desde lejos, asistir a reuniones de planificación e idear estrategias para promover la participación.
El fallo del organismo establece que
la pluralidad de pruebas establece control funcional del hecho, liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas de la acción típica, de tal manera que hubiera podido evitar la lesión del bien jurídico y el recorrido del iter criminis . proceso] al retirarle su apoyo carismático, pero lejos de eso, alentó la continuación de las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento.
Los jueces agregaron: “En una organización criminal, los individuos detrás de escena, que orquestan crímenes con un mando autónomo –capaz de prevenirlos– pueden, en este caso, ser considerados responsables como autores mediatos, incluso si los ejecutores inmediatos también son castigados como autores mediatos. autores totalmente responsables”.
Los disturbios se produjeron tras la condena y sentencia de otros líderes del referéndum ilegal de 2017 sobre la independencia catalana. Los alborotadores falsificaron billetes de avión para poder pasar el control de seguridad y luego irrumpieron en masa en la pista del aeropuerto, provocando caos tanto dentro como fuera de la terminal e interrumpiendo por completo las operaciones del aeropuerto. Los actores tenían el rostro cubierto con pasamontañas y muchos utilizaron cócteles molotov, así como otros explosivos y armas improvisadas.
El delito de «terrorismo callejero», explica el tribunal, implica no sólo violencia sino violencia ejecutada con la intención de subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en el población o una parte de ella.
El tribunal considera que los integrantes del ‘Tsunami Democrático’ actuaron con un nivel de violencia que constituye «graves delitos contra la libertad, la integridad física» en un intento de anular una sentencia judicial que cumpliría esas condiciones.
El fallo es un golpe devastador para el actual gobierno liderado por los socialistas del primer ministro Pedro Sánchez, mientras su partido continúa negociando los términos de una amnistía para los separatistas catalanes, incluido Puigdemont. Simplemente borrar las acusaciones de terrorismo de criminales impenitentes no es fácil de vender, ni política ni legalmente. Pero el gobierno de Sánchez depende del apoyo de los separatistas catalanes en el parlamento nacional y lo seguirán dando con una única condición: una amnistía completa para Puigdemont que le permitirá regresar a España sin afrontar una sola consecuencia legal.
Los propios catalanes ya votaron en contra de una versión del proyecto de ley de amnistía y se le acaba el tiempo al Gobierno para presentar otra al Parlamento antes de que muera procesalmente en esta legislatura.
