Emirlendris Carolina Benítez Rosales, comerciante venezolana de 45 años, madre de dos hijos y originaria del estado Lara, cumple casi ocho años de privación de libertad en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) de Los Teques. Su caso, ampliamente documentado por organizaciones de derechos humanos, es señalado como un ejemplo de detención arbitraria, tortura y violaciones sistemáticas bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Benítez fue detenida el 5 de agosto de 2018 en un control policial en el estado Portuguesa, mientras acompañaba a su pareja, Jolmer (o Yolmer) Escalona, quien prestaba un servicio de taxi. Viajaba con su perrita Azabache y estaba embarazada de cuatro meses. Horas después del atentado con drones contra Maduro ocurrido el 4 de agosto en Caracas, las autoridades la vincularon sin pruebas al caso, acusándola de homicidio calificado frustrado, terrorismo y traición a la patria. Fue sentenciada en agosto de 2022 a 30 años de prisión.
Según testimonios recogidos por Amnistía Internacional, Foro Penal y la propia familia, durante su reclusión inicial en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, Benítez fue sometida a torturas y malos tratos mientras estaba embarazada. Estos incluyeron golpes, asfixia y otros tratos crueles que provocaron la pérdida de su embarazo. Fue trasladada sedada a un centro médico, donde le practicaron un curetaje sin su consentimiento informado. Durante el traslado inicial, funcionarios lanzaron a su perrita por la ventana del vehículo policial.
Las secuelas físicas son graves: desde 2022 requiere silla de ruedas para movilizarse debido a las lesiones provocadas por las torturas. Organizaciones como Amnistía Internacional han alertado repetidamente sobre su deterioro de salud, falta de atención médica adecuada y condiciones inhumanas de reclusión, incluyendo aislamiento en celdas de castigo.
En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección, que el Estado venezolano ha ignorado sistemáticamente. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU también declaró su detención arbitraria y exigió su liberación inmediata, clasificándola en categorías I, III y V (falta de base legal, violación al debido proceso y discriminación por motivos políticos).
La única evidencia en su contra, según Amnistía y defensores, fue que acompañaba a su pareja cuando este prestó un servicio de taxi a personas luego vinculadas al caso de los drones. No existen pruebas materiales ni testigos creíbles que la vinculen directamente con el atentado.
Su familia, especialmente su hermana Melania, ha denunciado públicamente el caso en protestas y medios. Recientemente, incluso el gobierno ha utilizado imágenes de Benítez en campañas institucionales sobre “familia” mientras permanece recluida y sin acceso pleno a tratamientos médicos ni visitas regulares. Amnistía Internacional rechazó esta instrumentalización.
El caso de Emirlendris Benítez forma parte de un patrón más amplio de detenciones arbitrarias de presos políticos en Venezuela, con cientos de casos documentados por Foro Penal y organismos internacionales. Organizaciones exigen su liberación inmediata, atención médica urgente y el cese de la represión.
Mientras tanto, Benítez permanece en el INOF, en silla de ruedas, separada de sus hijos y enfrentando un futuro incierto en un sistema judicial señalado por parcialidad política.
