El 11 de abril de 2002 quedó grabado en la memoria colectiva de Venezuela como el día en que la polarización política desbordó los discursos y tomó las calles de Caracas con consecuencias mortales.
Lo que comenzó como una multitudinaria movilización ciudadana que exigía la renuncia del fallecido presidente Hugo Chávez, terminó en una jornada de violencia que dejó 19 muertos y cientos de heridos en los alrededores de Puente Llaguno y la avenida Baralt.
En medio de una confusa línea de fuego cruzado, la Policía Metropolitana (PM), entonces adscrita a la Alcaldía Mayor de Caracas, quedó atrapada entre manifestantes opositores que avanzaban hacia Miraflores y grupos oficialistas que defendían las inmediaciones del palacio presidencial.
Para los funcionarios Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín, aquella tarde no solo marcaría el final de sus carreras policiales. También, sería el inicio de un proceso judicial que culminó siete años después con condenas de 30 años de prisión.
Familiares, excompañeros policiales, abogados defensores e incluso antiguos integrantes del propio sistema judicial venezolano, sostienen que los policías metropolitanos fueron convertidos en los responsables de una narrativa política construida tras los sucesos de abril de 2002.
Según esa versión, la prioridad no era determinar con precisión el origen de los disparos que causaron las muertes, sino encontrar culpables uniformados que respaldaran la tesis oficial del Gobierno.
Las defensas denunciaron durante años la desaparición de proyectiles, inconsistencias balísticas, alteraciones de evidencias y la negativa de los tribunales a practicar diligencias fundamentales para reconstruir los hechos. Además, exfuncionarios policiales sostienen que los efectivos actuaron respondiendo a disparos provenientes de civiles armados apostados en Puente Llaguno y otros puntos cercanos a Miraflores.
A pesar de esas denuncias, el aparato judicial avanzó hasta producir una de las sentencias más controvertidas de la historia venezolana. Detrás de ella, aparecieron fiscales, jueces y magistrados que posteriormente se convertirían en los verdugos de esta sentencia y como “premio” escalarían a los cargos más importantes del Estado.
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