La sumatoria de los expedientes judiciales abiertos en tribunales de todo el mundo permite estimar que el desfalco por casos de corrupción vinculados a Venezuela supera los 70.000 millones de dólares. Así lo aseguró Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, durante la presentación del nuevo informe institucional titulado “El mapa de los decomisos”.
La revelación formó parte del foro virtual “Rastro del dinero venezolano decomisado a redes corruptas”, organizado por la ONG. En el encuentro, especialistas analizaron los complejos desafíos técnicos y legales que enfrentará el país para repatriar estos recursos en un eventual escenario de transición democrática.
Los ponentes coincidieron en que Venezuela requiere mecanismos institucionales innovadores y acuerdos de cooperación para avanzar en estos procesos. Advirtieron que la ausencia de una justicia independiente dentro del país dificulta la coordinación con autoridades internacionales encargadas de investigar y procesar estos casos.
“Lamentablemente, hasta donde nosotros hemos podido identificar, solamente se ha materializado la incautación de 719 bienes, que suman una cifra cercana a los 4.000 millones de dólares, esto parece poco cuando uno lo ve en referencia a todo el dineral que se ha mencionado en los casos de corrupción venezolana”, dijo De Freitas.
Explicó que esos bienes han sido identificados en 21 países. De ese total, 287 cuentan con decomisos definitivos respaldados por sentencias judiciales, con un valor superior a 1.300 millones de dólares.
Los restantes 432 activos permanecen sin una resolución final debido a la falta de información y cooperación por parte de las autoridades venezolanas.
“Lamentablemente los casos se sobreseen, es decir, se cierran en ocasiones de forma temporal o definitiva, porque los tribunales solicitan información a Venezuela y Venezuela no entrega información”, añadió.
María Alejandra Márquez, periodista y fundadora de la Fundación para la Iniciativa de la Recuperación de Activos Venezolanos (Inrav), abordó durante su intervención la situación de los procesos judiciales abiertos en Estados Unidos, país donde se concentra la mayor cantidad de investigaciones relacionadas con corrupción venezolana.
Márquez indicó que su organización monitorea de forma directa 80 expedientes en Estados Unidos. Las órdenes de confiscación asociadas a esos casos alcanzan los 3.900 millones de dólares y, de esa cantidad, aproximadamente 600 millones ya se encuentran disponibles en efectivo para una eventual recuperación.
Durante el foro, la especialista también destacó la importancia de promover la Ley Pana (Pana Act) en el Congreso de Estados Unidos. Consideró que podría convertirse en una herramienta relevante para enfrentar este tipo de esquemas de corrupción.
