Uno al lado del otro, Nicolás Petro y Daysuris Vásquez escucharon este martes las acusaciones de la Fiscalía por los actos ilícitos que los involucran.
El hijo mayor del presidente Gustavo Petro ha sido imputado con los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, mientras que su expareja ha sido incriminada por este segundo delito y el de violación de datos personales. Ninguno de los dos ha aceptado los cargos.
No obstante, la Fiscalía resaltó varias veces a lo largo de la diligencia que Vásquez mantendrá su colaboración con la justicia: sus aportes son los que han posibilitado que se formulara la imputación y se ordenara la detención de ambos el pasado sábado. Nicolás Petro, por su parte, dio un giro inesperado tras el receso del almuerzo y anunció que denunciará otros hechos de corrupción.
El escándalo comenzó en marzo, cuando Vásquez denunció a Petro hijo en la revista Semana. “Recibió dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro”, declaró en referencia a personajes como el exnarco Samuel Santander Lopesierra y el contratista Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, investigado por nexos con el paramilitarismo. Los implicados le aportaron sumas que pensaron que irían a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Pero, según Vásquez y la Fiscalía, todo fue a los bolsillos de Nicolás y a sus exorbitantes lujos. “Todo ha sido a espaldas del papá”, aseguró la cuñada del presidente.
El fiscal Mario Andrés Burgos dedicó gran parte de su declaración de este martes a señalar que Petro hijo no podía justificar gastos de hasta 1.600 millones de pesos (alrededor de 400.000 dólares) en 2022. Los únicos ingresos registrados son los de su sueldo como diputado en la Asamblea Departamental del Atlántico, que le aportó 220 millones en todo el año (unos 56.000 dólares). No ha declarado préstamos, viáticos o actividades financieras que expliquen la diferencia. “Para justificar los gastos que usted realizaba tenía que ganarse 200 millones de pesos por mes. Creo que todos nos haríamos elegir como diputado. ¿200 millones de pesos mensuales? ¡Por favor!”, remarcó Burgos.
Los gastos mencionados incluyen la compra de dos casas, de un Mercedes Benz y de productos de lujo en tiendas como Salvatore Ferragamo y Carolina Herrera. “No queda duda de que usted está inmerso en una conducta de enriquecimiento ilícito de servidor público. Se estaba comportando como de clase media arribista [aspiracional]”, acusó el fiscal. Según él, las pruebas son tan contundentes que hablar en condicional es una mera formalidad: “Inclusive podríamos no hablar de una inferencia o probabilidad. Pero vamos en ‘inferencia’, [que es] lo que se obliga en estas etapas preliminares”.
Las emociones de Burgos fueron palpables a lo largo de la audiencia. “¡Por dios, señor Nicolás!”, llegó a exclamar mientras enumeraba los gastos del diputado en 2022. Para el fiscal, fue importante enfatizar en que la conducta fue especialmente grave porque el hijo del presidente es servidor público: “Lo que hizo fue defraudar a esos miles de personas que votaron por usted, señor Nicolás”. El acusado lo miraba impasible, salvo por algún comentario que intercambió con Vásquez. La única interrupción ocurrió cuando pidió que se repitieran algunas cifras que el fiscal reportaba.
El segundo cargo imputado, el de lavado de dinero, los tiene a ambos en calidad de coautores. Según Burgos, la entonces pareja buscó ocultar y encubrir el origen ilegal del dinero con el que compraron los bienes investigados. Pusieron una casa y un carro a nombre de un tío de ella, Cesar Emilio Vásquez. “No era bien visto que el hijo del presidente figurara en un negocio de esa magnitud”, dijo el fiscal en referencia a la compra, en dos pagos, de una mansión de 1.650 millones de pesos (unos 420.000 dólares). El dinero, de acuerdo con la Fiscalía, se movía en efectivo: en bolsos, morrales y maletas.
