“Hemos visto maldad pura”: a Flavia unos hombres vestidos de negro y con rostros cubiertos la fueron a buscar en su vecindario. A Jaime le marcaron su casa con una X. Y Yuraima está aterrada por lo que le pueda pasar a ella y a su hermana. Todos participaron en la pasada elección presidencial de Venezuela como testigos electorales y resguardan actas de votación que, según la oposición, comprueban el triunfo de su abanderado, Edmundo González.
Por: Nicole Kolster – Adriana Núñez Rabascall / La Voz de América
Los nombres de los entrevistados han sido cambiados por razones de seguridad. Todos dicen a la Voz de América sentirse amenazados por fuerzas del Estado y temen represalias.
“Es normal que la gente sienta miedo. No es que yo no lo tenga, pero creo que paralizarse no es la solución”, comenta a la VOA Yuraima, de 48 años, que tiene una década de trabajo en política y estuvo al frente de una red para capacitar a 150 testigos en una barriada de Caracas.
Entre los voluntarios está su hermana, quien prefiere mantenerse al margen de la entrevista, como la mayoría de los que estaban bajo su responsabilidad.
Sin precisar cifras, Yuraima da cuenta de que algunos de los testigos del proceso se han ido del país, otros se mudaron temporalmente para resguardarse, o han vuelto a su rutina habitual, pero con previsiones: salen sin teléfonos móviles, eliminaron aplicaciones del celular y fotos, o simplemente, no contestan llamadas.
No es de extrañar.
Después de la elección, al menos 1.400 ciudadanos han sido arrestados, según la ONG Foro Penal, por manifestarse o por estar cerca de una protesta. También hay denuncias de extorsiones en controles policiales. Según los relatos,los agentes revisan los teléfonos de transeúntes y los interrogan o detenienen por tener videos o fotos alusivos a protestas.
La hermana de Yuraima borró casi todo lo que tenía en su móvil: números de contacto, imágenes, memes. Cree que cualquier cosa podría ser usada en su contra para encarcelarla. También evita salir.
Según el boletín oficial del Consejo Electoral (CNE), el presidente Nicolás Maduro resultó vencedor de la contienda con 51,1 % de los votos para un tercer período. El anuncio sumió al país en una nueva crisis política y generó protestas que fueron reprimidas en cuestión de horas.
En todo caso, la oposición liderada por María Corina Machado dice tener en su poder las actas de votación que aseguran que comprueban el triunfo de su abanderado, Edmundo González Urrutia, con más del 63 % de los votos.
En julio, Maduro amenazó con cárcel a manifestantes que desconocieron el resultado de la elección.
“Estoy preparando dos cárceles que debo tener listas en 15 días, ya están reparándose… Todos los guarimberos (manifestantes) van para Tocorón y Tocuyito, cárceles de máxima seguridad”, declaró entonces Maduro en cadena nacional.
Además, habilitó una opción en VenApp, una aplicación del gobierno para reportar fallas en servicios públicos, para alentar a sus seguidores a denunciar a los manifestantes que cuestionen su reelección.
“Vamos a abrir una ventana especial de la página VenApp (…) para que ahí, de manera confidencial, me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo, para ir por ellos, para que haya justicia”, advirtió el mandatario.
En las redes sociales circulan videos de allanamientos y detenciones sin órdenes judiciales a políticos opositores y a voluntarios que colaboraron con la campaña de Gonzalez Urrutia.
“El ciudadano ha sido inoculado con esa maldad. Imagínate denunciar a un vecino tuyo, simplemente porque piense distinto a ti”, lamenta Yuraima, que ya antes fue víctima de violencia política.
En octubre de 2023, durante la elección primaria opositora para escoger un candidato unitario, grupos parapoliciales vinculados con el oficialismo le apuntaron con un revólver en el rostro. “Sé de lo que son capaces”, afirma.
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