En lo que se perfila como un hito judicial para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, la justicia de España avanza en la tramitación de una solicitud de extradición enviada por los tribunales de Argentina. El requerimiento apunta directamente al excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ephraín Enrique Verdú Torrelles, quien se encuentra en territorio español y es acusado en el país austral del delito de asesinato tipificado como crimen de lesa humanidad.
Por: Karla Pérez Castilla – El Nacional
La medida, respaldada activamente por la organización de derechos humanos InterJust, abre una vía indispensable dentro del principio de jurisdicción universal. Esto busca romper más de una década de impunidad en torno a la represión desatada durante las manifestaciones ciudadanas del año 2014 en Venezuela.
El origen del caso: el rostro de las víctimas
El proceso penal internacional se originó en junio de 2023 tras una denuncia formal interpuesta por el equipo legal de InterJust ante un tribunal federal argentino en contra de 14 oficiales de la GNB.
Entre las víctimas que sustentan este caso se encuentra Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años. Geraldin fue asesinada en febrero de 2014 en el estado Carabobo por impactos de perdigones disparados a quemarropa por agentes de la GNB mientras participaba en una manifestación pacífica.
«Llevo más de 12 años luchando para que la muerte de Geraldin no quede impune», expresó conmovida su madre, Rosa Orozco. «Cada avance legal, como este, es también un reconocimiento a su vida, a sus sueños y al derecho de las víctimas venezolanas a obtener justicia».
La ruta legal: de Buenos Aires a Madrid
El cerco judicial sobre Verdú Torrelles se cerró a principios de este año gracias a las labores de inteligencia y rastreo legal coordinadas por la sociedad civil:
- Febrero de 2026: InterJust localizó el paradero del militar retirado en España y entregó la información a la justicia argentina. De inmediato, el juez federal a cargo de la causa dictó la orden de extradición.
- Trámite diplomático: el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina canalizó y transmitió formalmente la solicitud de manera oficial a las autoridades gubernamentales españolas.
- Marzo de 2026: el Consejo de Ministros de España analizó la petición y aprobó formalmente la continuación del proceso por la vía judicial.
Actualmente, el expediente se encuentra en evaluación de la Audiencia Nacional de España, específicamente en el Juzgado de Instrucción del Tribunal Central de Instancia n.º 2. Serán estos magistrados quienes evalúen los requisitos jurídicos para dar luz verde a la entrega del acusado.
El historial de Verdú Torrelles ante la ONU: cómplice y cadena de mando
El nombre de Ephraín Enrique Verdú Torrelles no es desconocido para los investigadores internacionales de derechos humanos. El informe detallado de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela (FFM), publicado en 2025 y centrado de forma específica en los abusos de la GNB, sitúa de manera reiterada al oficial en el epicentro de la estructura de represión del estado Carabobo.
La Misión lo vinculó directamente al Destacamento de Seguridad Urbana (DESUR) de la región a través de dos patrones operativos claves:
1. Caso Juan Manuel Carrasco (Carabobo, 2014)
Durante las protestas de 2014, el entonces Mayor Verdú Torrelles fungía como el segundo al mando del Desur Carabobo. Dicha instalación militar sirvió de centro de reclusión ilegal donde los manifestantes detenidos fueron víctimas de severos malos tratos, torturas y violencia sexual.
- El encubrimiento documental: el informe de la ONU detalla que Verdú Torrelles incurrió en una omisión deliberada al no firmar el acta de detención de las víctimas del caso, en paralelo a subalternos que evitaron registrar las heridas visibles de los torturados.
- Conflicto de intereses: como agravante institucional, la Fiscalía Sexta de Carabobo —encargada de iniciar la investigación penal del suceso en ese momento— integraba como fiscal auxiliar a Anahí Vargas, identificada formalmente por la ONU como la esposa del propio Verdú Torrelles.
- La implicación internacional: por estos hechos, la Misión encuadró el rol de Verdú Torrelles bajo la figura de análisis de complicidad por contribución a torturas y tratos crueles, conforme al artículo 25(3)(c) o (d) del Estatuto de Roma.
2. Caso Marvinia Jiménez (Carabobo, 2017)
Años más tarde, en mayo de 2017, Verdú Torrelles ascendió en la estructura represiva, asumiendo ya el rango de coronel al frente del Destacamento de Seguridad Urbana y Orden Público N.º 410 (Desur Valencia).
El informe de la ONU documenta que la defensa de la ciudadana Marvinia Jiménez solicitó de manera formal ampliar la investigación hacia la cadena de mando militar, señalando al coronel Verdú Torrelles por su presunta participación jerárquica en la agresión del 24 de mayo de 2017, la cual le causó severas fracturas de gravedad en las piernas a la víctima.
Un mensaje global contra el refugio de violadores de DD HH
Aunque la Misión de la ONU especifica que no se ha acreditado que Verdú Torrelles fue el autor material directo de las golpizas o agresiones sexuales individuales, su rol fundamental dentro de las cadenas de mando operativas y la falsificación u omisión de documentos oficiales lo sitúan en el núcleo de la impunidad institucional de la GNB.
Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust, destacó el enorme peso que tiene esta cooperación internacional entre Argentina y España.
«Para las víctimas venezolanas, es la primera oportunidad real de ver cómo se lleva ante la justicia a un presunto autor de los delitos cometidos contra ellas. Pondría fin a años de impunidad y serviría como un importante recordatorio de que no debe haber refugio seguro para los responsables de crímenes internacionales», dijo.
La comunidad civil global y las agrupaciones de víctimas centran ahora sus miradas en el tribunal español, instando a las instituciones de ese país a conceder la extradición de manera expedita. Esto asegurará que se lleve a cabo un juicio justo con plenas garantías procesales que dé respuestas de una vez por todas a más de 12 años de dolor y reclamos de justicia.
