Las recientes declaraciones del economista y exdiputado opositor José Guerra (Primero Justicia) han generado fuerte controversia en Venezuela. Al regresar del exilio, Guerra afirmó en una entrevista que no desea ver a Diosdado Cabello en prisión ni a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), sino “en la calle haciendo política en minoría, con las libertades que ellos nos quitaron”. Propuso además una ley de amnistía general que incluya al PSUV.
Estas palabras, emitidas en el programa de Vladimir Villegas, reviven un posicionamiento similar expresado por Guerra en 2020 y han sido interpretadas por sectores opositores como una apuesta por la reconciliación negociada, mientras otros las critican como una defensa de la impunidad, típicas de un agente del alacranato.
¿Quién es Diosdado Cabello y de qué se le acusa?
Diosdado Cabello Rondón, actual ministro del Interior, Justicia y Paz, es una de las figuras más poderosas del chavismo. Militar de origen, ha ocupado cargos clave como presidente de la Asamblea Nacional (2005-2011 y en periodos posteriores), gobernador de Miranda y dirigente del PSUV. Es considerado por analistas como uno de los hombres fuertes del régimen, con influencia significativa en el aparato militar, de seguridad y comunicacional.
Principales acusaciones internacionales:
- Narcotráfico y “Cartel de los Soles”: En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Cabello, junto a Maduro y otros altos funcionarios, de liderar una organización narcoterrorista vinculada a las FARC. Se le señala como figura central del Cartel de los Soles, una red de tráfico de drogas incrustada en las Fuerzas Armadas venezolanas.
- Corrupción y lavado de dinero: El Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC) lo sancionó en 2018 por corrupción, narcotráfico y malversación de fondos públicos. Se le acusa de utilizar su influencia para enriquecimiento personal, extorsión y lavado de activos a través de testaferros. Su familia y allegados también han sido sancionados.
- Represión y violaciones de derechos humanos: Como ministro del Interior y figura clave en la cadena de mando, se le vincula con la represión de protestas, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales documentadas por organismos como Human Rights Watch, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la CPI. Informes señalan que bajo su influencia o supervisión se han cometido abusos sistemáticos contra opositores, manifestantes y presos políticos.
Impacto de su cadena de mando en los venezolanos
La “cadena de mando” bajo Cabello —que abarca fuerzas de seguridad (SEBIN, FAES, PNB), instituciones judiciales y el control político-militar— ha sido señalada por múltiples informes internacionales como responsable de un patrón de violaciones graves:
- Represión violenta: Miles de detenciones arbitrarias, torturas y muertes en manifestaciones (especialmente 2014, 2017 y 2019). La Misión de la ONU ha documentado falta de investigaciones independientes y responsabilidad en altos niveles.
- Control y censura: Supervisión de medios y represión a la disidencia, incluyendo allanamientos a medios críticos.
- Crisis humanitaria agravada: Su rol en el aparato de seguridad ha coincidido con el deterioro institucional, contribuyendo a la emigración masiva de más de 7 millones de venezolanos, escasez de servicios básicos y colapso económico, en un contexto donde la corrupción y el control autoritario han impedido una transición democrática.
- Impunidad: Organismos internacionales destacan que las violaciones sistemáticas de DDHH bajo esta estructura han quedado en gran medida sin castigo, con injerencia política en el Poder Judicial.
Cabello ha rechazado sistemáticamente estas acusaciones, calificándolas de ataques imperialistas y negando cualquier vínculo con el narcotráfico o violaciones de derechos.
Las declaraciones de José Guerra ponen sobre la mesa el dilema entre justicia transicional y reconciliación política. Mientras algunos ven en la amnistía una vía para la estabilidad, otros exigen justicia y pagar por los daños causados a millones de venezolanos durante más de dos décadas de crisis.
