En medio del convulso ambiente político tras el regreso de la opositora María Corina Machado a Venezuela, la encargada del Gobierno, Delcy Rodríguez, aseguró esta semana que instruyó a los cuerpos de seguridad para que ninguna persona sea detenida sin una orden judicial, salvo en casos de flagrancia. La declaración se produjo en medio de las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre detenciones arbitrarias y abusos cometidos durante los años del chavismo. Rodríguez también defendió la necesidad de reformar el sistema de justicia y revisar los procesos penales abiertos bajo la polémica Ley contra el Odio.
Por: Ana María Rodríguez Brazón – El Tiempo
Sus anuncios contrastan con los señalamientos que durante años hicieron organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos sobre el aparato represivo durante el mandato de Nicolás Maduro. De hecho, tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, enfrentan ahora en Estados Unidos nuevos cargos por presuntamente conspirar para cometer actos de tortura contra opositores políticos. Ambos se declararon no culpables en Nueva York a mediados de este mes.
En este contexto, ¿qué responsabilidades pueden establecerse sobre la antigua cúpula del chavismo y qué posibilidades tienen las víctimas de obtener justicia? Para abordar estas preguntas, EL TIEMPO habló con Kelvi Zambrano, abogado venezolano, coordinador de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia de Venezuela y uno de los juristas que impulsó la causa contra Maduro y Flores por presunta tortura. Zambrano explica cómo se abrió la vía de la jurisdicción universal en Estados Unidos, las pruebas que sustentan la iniciativa y las posibles consecuencias judiciales para la pareja.
¿En qué consistió la iniciativa para que se le aplicara la jurisdicción universal a Maduro y Flores?
Después que nos percatamos de que Nicolás Maduro se encontraba en territorio de los Estados Unidos, verificamos los supuestos para que pudiese proceder una investigación bajo el principio de jurisdicción universal. El doctor José Farín Valderrama, Vilca Fernández- un activista de derechos humanos- y yo presentamos una solicitud dirigida al Departamento de Justicia para que, en el marco de su discrecionalidad, iniciara una investigación.
De hecho, ya lo habíamos hecho con otras personas que habíamos identificado en territorio estadounidense como presuntos torturadores. Ya habíamos entrado en contacto con funcionarios del FBI, quienes nos pidieron información de algunas víctimas para entrevistarlas y sostener con mayores elementos la acusación. Lo interesante es que la acusación no solo analiza el delito de manera autónoma, sino a la luz de toda la estructura que se diseñó. El sustento de nuestra solicitud se basó en el Estatuto Federal contra la Tortura de Estados Unidos, adoptado tras firmar y ratificar la Convención contra la Tortura de la ONU. Cada país determina en su soberanía cómo aplica esta jurisdicción; Estados Unidos establece que para juzgar a un extranjero por torturas cometidas fuera de su territorio, el torturador debe encontrarse en suelo estadounidense, independientemente de dónde esté la víctima.
¿Por qué Maduro y Flores se declaran inocentes sabiendo que esto puede alargar el juicio, qué implicaciones tiene y qué viene ahora para las víctimas en el estrado?
Esto va a depender mucho de la estrategia de la fiscalía y de la defensa. Muchos expertos en derecho penal neoyorquino señalan que la estrategia de la defensa es alargar el proceso para buscar tal vez un acuerdo o lograr una medida como casa por cárcel —algo que no debemos descartar, pues muchos confunden y creen que por ser acusados de delitos de lesa humanidad no pueden llegar a acuerdos, y en EE. UU. la legislación funciona diferente—.
Lo que viene ahora es que la fiscalía tendrá que sustentar con mayores pruebas, pidiendo al juez que permita a las víctimas deponer sus relatos o convocar a expertos. En nuestro caso, podremos exponer cómo se creó todo el entramado institucional y la relación causal de cómo Nicolás Maduro y Cilia Flores eran los responsables intelectuales. No es difícil si tomamos las alocuciones públicas de Maduro dictando órdenes y las alineamos con casos emblemáticos como el del dron, donde a los detenidos se les decía que respondían a órdenes presidenciales.
Para leer la entrevista completa ingrese AQUÍ
