Durante una hora, la defensa de Donald Trump expuso este jueves ante la Corte Suprema de Estados Unidos sus argumentos para sostener que los nueve magistrados deberían anular la sentencia de Colorado que quitó al ex presidente de las hojas de votación de ese estado, medida que si queda firme podría extenderse al resto del país. Sin embargo los abogados, al igual que los jueces en sus preguntas, apenas dedicaron un minuto para discutir si el ex mandatario cometió o no “insurrección” en los episodios del 6 de enero de 2021, que es de lo que se lo acusa para sacarlo de las boletas.
Por: Gonzalo Ferreira – Infobae
“Fueron disturbios, pero no insurrección”, dijo Jonathan Mitchell, el abogado de Trump, ante la pregunta concreta de la magistrada Ketanji Brown Jackson. Esa fue la última consulta a la defensa de Trump y recién allí apareció ese argumento. El centro de la discusión no estuvo allí, sino en quién debe ejecutar la prohibición a un ciudadano para ser presidente y además en cuándo esa se debe aplicar.
En su discurso de apertura, Mitchell centró su defensa en que Trump no puede ser descalificado porque no era un funcionario “designado” sino un ciudadano “electo”. Según la defensa, la cláusula de descalificación no aplica a los presidentes porque “no son funcionarios de Estados Unidos”.
El otro gran argumento en el que abundó la defensa de Trump es que la decisión de descalificar a un ciudadano no puede ser ejecutada ni por un estado -como lo hizo Colorado- ni por la Corte Suprema de los Estados Unidos, sino que debe ser el Congreso quien lo decida.
Luego de que un defensor presenta sus argumentos, los jueces empiezan a realizarles preguntas sobre los conceptos que expusieron. Comienza preguntando siempre el magistrado con más años en el cargo. El juez Clarence Thomas, nominado por George H. W. Bush en 1991, fue el primero en hacerlo y con su pregunta le permitió abundar en su consideración por qué cree que no es autoejecutable la decisión de descalificar a alguien luego de cometer insurrección.
Mitchell fue más allá y dijo que si un candidato admitiera públicamente haber cometido insurrección, incluso así no se lo podría descalificar previo a las elecciones, sino que se lo debería dejar participar. La norma a la que apela para eso es la que permite al Congreso levantar, por dos tercios de los votos, cualquier inhabilitación. Esa habilitación, entiende la defensa de Trump, podría darse luego de la elección y antes de que tome posesión del cargo.
Otro argumento manejado por Mitchell es que no hay ninguna sentencia que afirme que Trump cometió insurrección y que no podría haberlo porque, según entienden, él tenía inmunidad por ser presidente en ese momento. Ese argumento fue presentado en la causa que investiga los incidentes del 6 de enero en Washington y un Tribunal de Apelaciones esta semana lo descartó, aunque la defensa de Trump apelará ese fallo ante esta misma Corte Suprema.
La audiencia de este jueves fue solamente para escuchar los argumentos de ambas partes.
Sin embargo, a través de las preguntas que hacen los jueces se pueden empezar a observar algunas de sus opiniones. Algunos de los magistrados, especialmente algunos de los considerados conservadores y nominados por presidentes republicanos, se mostraron más favorables a los argumentos de la defensa de Trump.
También dos juezas consideradas liberales y nominadas por presidentes demócratas como Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan, dejaron entrever a través de sus preguntas que les genera dudas la idea de que Trump pueda ser descalificado en este escenario. La jueza liberal Sonia Sotomayor, por el contrario, hizo preguntas más duras a la defensa de Trump.
Tanto el juez Brett Kavanaugh, que fue nominado por Trump, como Samuel Alito, nominado por George W. Bush, manifestaron sus dudas sobre la idea de que un estado por sí solo pueda definir la descalificación de un candidato federal, dado que eso podría generar decisiones diferentes en cada territorio.
Neil Gorsuch, otro de los jueces nominados por Trump, acorraló al abogado de los demandantes de Colorado con preguntas sobre la diferencia entre “oficina” y “oficial”, argumento central de la defensa del ex presidente para considerar que, al ser presidente, no es un funcionario de Estados Unidos y por tanto no está sometido a la posibilidad de ser descalificado por insurrección.
Seis de los nueve jueces son considerados conservadores y fueron nominados por presidentes republicanos.
La decisión de la Corte Suprema llegará en otra audiencia, que todavía no tiene fecha. En general los fallos demoran en promedio unos tres meses luego de escuchar los alegatos.
