La purga de funcionarios y empresarios chavistas no para. Este martes el fiscal general de la dictadura venezolana, Tarek William Saab, confirmó la investigación y el allanamiento al empresario colombiano Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro.
“En esta fase de inicio de investigación, con la presentación de estas personas a los tribunales, se están haciendo muchos allanamientos, que incluye el que tú mencionas (Pulido). Hay experticias telefónicas, hay declaraciones que van saliendo a la luz pública”, declaró el titular del Ministerio Público (MP), a W Radio Colombia.
Asimismo, no descartó una posible detención de Pulido: “No se descarta que haya, más allá de lo que tu mencionas, órdenes de aprehensión, dependiendo de la cualidad jurídica, de la entidad delictiva que pudiera tener la persona allanada. Sería prematuro anunciarte qué pudiera ocurrir, no sólo con esta persona, sino con otras”.
Durante la entrevista, el periodista colombiano remarca los nexos entre Saab, Pulido y Carlos Rolando Lizcano Manrique, otro empresario acusado por Estados Unidos. Al ser consultado si el allanamiento a Pulido implica una investigación sobre Alex Saab, el fiscal chavista respondió: “Yo no estoy diciendo, eso lo estás diciendo tú. Yo no he dicho para nada que tienen que ver con la persona que tú mencionas. Simplemente te estoy hablando a nivel general”.
Saab y Pulido están acusados de transferir desde Venezuela, a través de Estados Unidos, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía.
“Según los documentos judiciales, Álvaro Pulido Vargas, alias Germán Enrique Rubio Salas, alias Cuchi, de 57 años, de Colombia; José Gregorio Vielma-Mora, de 55 años, de Venezuela; Emmanuel Enrique Rubio González, de 32 años, de Colombia; Carlos Rolando Lizcano Manrique, de 50 años, de Colombia; y Ana Guillermo Luis, de 49 años, de Venezuela, fueron acusados por su presunta participación en el blanqueo de las ganancias de un esquema de sobornos para obtener y mantener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de distribución de alimentos y medicinas para el pueblo de Venezuela, propiedad y controlado por el Estado”, informó el Departamento de Justicia norteamericano.
